
La Fiscalía General de la Nación ordenó archivar la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en la actuación penal, al concluir que no fue posible establecer la existencia de los hechos denunciados.
La decisión, fechada el 12 de noviembre de 2026, corresponde al proceso identificado con el número 110016000102202100016. La actuación tenía como denunciante al senador Iván Cepeda Castro.
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Según el documento, la Fiscalía agotó las hipótesis investigativas relacionadas con una presunta entrega de dinero a los testigos Ramiro de Jesús Henao Aguilar y Gabriel Muñoz Ramírez. Sin embargo, señaló que el material recaudado no permitió probar que Uribe hubiera realizado pagos a cambio de declaraciones favorables en actuaciones judiciales.

El despacho examinó, entre otros elementos, un negocio inmobiliario vinculado con Gabriel Muñoz Ramírez y el levantamiento de una hipoteca. La Fiscalía concluyó que esas operaciones ocurrieron entre 2009 y 2011, dentro de un acuerdo comercial que tenía justificación económica entre las partes.
Además, indicó que las declaraciones por las que presuntamente se habría entregado dinero databan de 2015, por lo cual no encontró un vínculo que permitiera asociar los negocios anteriores con un eventual pago por testimonios.
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Respecto de la información aportada sobre una supuesta entrega de dinero, la Fiscalía sostuvo que no tuvo respaldo probatorio. También advirtió que parte de los datos conocidos por uno de los declarantes provenían de rumores escuchados en el lugar de reclusión donde coincidía con otras personas.
“No es posible establecer la existencia de los hechos denunciados”, señaló la entidad al justificar el archivo de las diligencias, con base en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004.

La decisión no cierra de manera definitiva la posibilidad de retomar el expediente. La Fiscalía precisó que, mientras la acción penal continúe vigente, podrá reabrir la actuación si surgen evidencias que modifiquen el sentido de la determinación.
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Esta decisión se suma a otros procesos judiciales que han involucrado al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El expediente archivado por la Fiscalía es distinto al caso principal por presunta manipulación de testigos, que llegó a juicio ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. En esa actuación, el Tribunal Superior de Bogotá revocó en octubre de 2025 la condena emitida en primera instancia, y la decisión fue objeto de recursos de casación.
Investigación por las masacres de El Aro y La Granja
La investigación que sigue abierta contra Álvaro Uribe Vélez por las masacres de La Granja y El Aro es independiente del expediente que la Fiscalía archivó por presunto soborno a testigos.
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El proceso se refiere a hechos ocurridos en Ituango, Antioquia, cuando Uribe era gobernador del departamento. La masacre de La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996 y la de El Aro se perpetró en octubre de 1997. Ambas fueron atribuidas a grupos paramilitares y hacen parte de un expediente que también incluye el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta conformación de una estructura paramilitar vinculada con la hacienda Las Guacharacas.

La Fiscalía adelanta la investigación por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y concierto para delinquir agravado. La hipótesis bajo análisis busca establecer una eventual participación, conocimiento u omisión de Uribe frente a esos hechos, ocurridos durante su administración en Antioquia. El expresidente ha rechazado los señalamientos.
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El expediente permanece en la Fiscalía General de la Nación luego de que la Corte Constitucional se declarara inhibida para resolver el conflicto de competencias con la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Por esa razón, el ente acusador continuará con las diligencias y la indagatoria del exmandatario.
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