Revelaron la identidad del asesor de la Ungrd que habría llevado los 4.000 millones de soborno: Fiscalía lo tiene en la mira

Apenas un día después de que se conocieran las primeras imágenes de los cuatro mil millones de pesos que, presuntamente, fueron entregados a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado, Andrés Calle e Iván Name, en la mañana de este miércoles 10 de julio se conoció el nombre de la persona que habría transportado el dinero.

Según una información de la Fiscalía revelada por El Colombiano, se trata de Juan Camilo Llanos, un abogado de la Universidad Sergio Arboleda que se desempeñó como asesor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), y que habría recibido en enero de 2024 un maletín negro con una millonada en su interior, como parte de un soborno del contratista Luis Eduardo López Rosero.

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Según se ha conocido a lo largo de la investigación, este dinero correspondía a un 16 % del contrato de 46.800 millones de pesos asignado en octubre del año pasado para la compra de cuarenta carrotanques destinados a entregar agua potable a comunidades vulnerables en La Guajira. Sin embargo, según testimonios de los implicados, el dinero habría llegado a manos de Andrés Calle e Iván Name.

Llanos es abogado especialista en derecho administrativo y ha ocupado diversos cargos públicos. También fue contratista en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en 2016, abogado del Departamento de Función Pública en 2017 y desde 2018 presta servicios a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. No obstante, omitió en su perfil de LinkedIn su empleo como asesor jurídico de la Ungrd.

Juan Camilo Llanos fue designado por Sneyder Pinilla en enero pasado para recibir el maletín con 4.050 millones de pesos, entregado por López Rosero. Estos recursos conformaban una primera cuota de los sobornos exigidos para adjudicar el contrato en octubre de 2023. Asimismo, Llanos autorizó varias circulares y resoluciones firmadas por Olmedo López y Pinilla, actuando como abogado de confianza de este último, según una fuente mencionada por El Colombiano.

Además, se conoció que el contrato de Llanos fue gestionado por la Fiduprevisora, a solicitud de la entonces secretaria general de la Ungrd, Ana María Castaño Álvarez, en respuesta a la petición de Alethia Arango, subdirectora para el manejo de desastres.

En cuanto al dinero, la Fiscalía tiene en su poder información sobre cómo terminó Llanos con el dinero. Las autoridades encontraron que el abogado se habría desplazado hasta un punto de encuentro ordenado por el entonces subdirector de la entidad Sneyder Pinilla, donde el contratista de los carrotanques le entregó la maleta con el soborno para los congresistas.

De hecho, se sabe que el dinero fue retirado en una sucursal de Bancolombia ubicado en el centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá, después de que López Rosero cobrara un cheque por la cuantiosa suma. Del encuentro entre el contratista y el asesor jurídico existiría una foto que fue divulgada en las últimas horas por Noticias RCN y en la que se observa los fajos de billetes envueltos en cintas rojas.

Por su parte, el contratista conocido también como el pastuso, por su lugar de origen, compró los carrotanques a la empresa Kenworth de la Montaña por alrededor de 600 millones de pesos pero los facturó a la Ungrd por 1.200 millones de pesos.

Además, López Rosero mantuvo comunicaciones, interceptadas por la fiscalía, con Kenworth de la Montaña y con el exdirector de la entidad, Olmedo López. Asimismo, las conversaciones del abogado Llanos, que hasta ahora permanecían ocultas, también están en poder de la Fiscalía.

Los testimonios de López Rosero y Pinilla, ambos en vías de conseguir un principio de oportunidad, indican que los 3.000 millones de pesos destinados a Iván Name fueron entregados a través de la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, y los 1.000 millones de pesos para Andrés Calle se utilizaron en campañas políticas locales en octubre de 2023.

Sin embargo, existen inconsistencias en las cifras, dado que los 4.000 millones fueron entregados en enero de este año, lo que sugiere que hay al menos 11.000 millones de pesos sin justificar en el caso, pues se habló del pago de sobornos por primera vez en octubre del año anterior.