
La Cámara de Representantes de Colombia formalizó recientemente dos contratos por un total de 70.888.471.434 pesos destinados a labores logísticas dentro de la corporación, incluyendo mejoras en iluminación, adquisición de mobiliario, pantallas y sistemas documentales.
Esta información fue revelada recientemente por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien señaló que los contratos se adjudicaron sin licitación pública. Según el cabildante, los contratos se acogieron a la figura del “contrato de comisión”, permitiendo a la dirección administrativa de la Cámara saltarse la licitación y contratar casi de manera directa a una empresa encargada de seleccionar al contratista.
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“Saltándose la licitación, en pleno receso y días antes de entregar la presidencia, la administración del representante a la Cámara Andrés Calle entregó 2 contratos que suman $70.888.471.434 para cambiar la iluminación, comprar nuevas sillas, pantallas y sistema documental”, comentó el cabildante.
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La adjudicación se da apenas días antes de la salida de Andrés Calle de la presidencia de la cámara baja, que culmina con el segundo receso del Congreso este 20 de julio.

El primer contrato, valorado en 33.700 millones de pesos colombianos, tiene como objetivo mejorar la arquitectura tecnológica de la Cámara de Representantes. Las mejoras incluyen nuevos sistemas de iluminación, compra de sillas ergonómicas, micrófonos, pantallas LED y sistemas de refrigeración para distintas áreas de la corporación.
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De hecho, Briceño cuestionó los altos costos asociados a estos equipos, destacando que dos pantallas LED costaron más de 1.400 millones y una cámara profesional de televisión alcanzó un precio de 46 millones de pesos.
Además, los costos relacionados con la adquisición de nuevas sillas también fueron motivo de crítica por parte del concejal. En total, la Cámara adquirió 253 sillas ergonómicas a un costo de 2.104 millones de pesos; es decir, cada silla tuvo un valor de ocho millones. Cuatro cámaras de televisión para el salón Galán costaron un total de $186.791.920 y se adquirieron 50 micrófonos nuevos por $158.305.700.
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El segundo contrato, también realizado bajo la modalidad del contrato de comisión, tiene un valor de 37.211 millones de pesos y está destinado al mejoramiento del sistema documental de la Cámara de Representantes. Briceño reprochó que una gran parte del presupuesto de este contrato, específicamente más de 1.237 millones de pesos colombianos, se destinó a actividades de ‘socializaciones’ y ‘sensibilizaciones’, lo que consideró alarmante.
El cabildante hizo énfasis en que estas contrataciones se realizaron sin ningún proceso de licitación. “En total, la administración de Andrés Calle entregó contratos por 91.314.000.000 pesos colombianos sin haber llevado a cabo un solo proceso de licitación para la compra de sillas, pantallas, televisores, muebles, dispositivos tecnológicos, cámaras, micrófonos, etc.”, señaló el concejal. Además, pidió a los organismos encargados a revisar estas contrataciones.
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La reciente denuncia del concejal del Centro Democrático contra el representante Andrés Calle se suma a una investigación en la Corte Suprema de Justicia de Colombia por presuntamente haber recibido sobornos de aproximadamente mil millones de pesos colombianos por parte de exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), al parecer, como contraprestación por mostrar su apoyo a las reformas del Gobierno.
El concejal de Bogotá también detalló otros costos específicos de los contratos, señalando que las nuevas luces “tipo estudio” para el Salón Boyacá costaron más de 345 millones de pesos. La denuncia completa de Briceño fue publicada en su red social de X, donde expuso las cifras y criticó la falta de transparencia en el proceso de contratación.
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¿Hay algún organismo de control en Colombia que se atreva a revisar las cuantiosas contrataciones de la cuestionada administración del CUESTIONADO representante petrista Andrés Calle?, cuestionó el concejal.
Entretanto, la modalidad del “contrato de comisión” ha sido objeto de controversia debido a la flexibilidad que otorga para la adjudicación de contratos por grandes rubros sin pasar por procesos competitivos y públicos de licitación, lo que podría implicar riesgos en términos de transparencia y fiscalización efectiva del uso de los fondos públicos.
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