La JEP ordenó al Gobierno nacional dar explicaciones por la seguridad de los firmantes de paz en Caquetá: tienen cinco días para responder

Una semana después de que en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Miravalle, en San Vicente del Caguán, al nororiente del departamento del Caquetá, apareciera un panfleto con amenazas a los firmantes de paz por parte del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, la Jurisdicción Especial para la Paz hizo un duro reclamo al Gobierno nacional.

“Los invitamos a que no se expongan permaneciendo en ese territorio manchado de desprestigio paramilitar, el Estado colombiano está en la obligación de reubicarlos y también de protegerlos”, se lee en el mensaje intimidatorio.

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Según informó esa justicia, ha solicitado al Gobierno de Gustavo Petro respuestas concretas frente a la crítica situación de seguridad que vive Miravalle, después de que el 27 de junio, dos emprendimientos turísticos de excombatientes emitieran un comunicado detallando las razones para abandonar el Etcr en el que se encontraban, incluida la falta de seguridad que ha hecho imposible su permanencia.

En su reclamo, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP le ordenó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que presente un informe detallando las acciones implementadas por el Gobierno para garantizar la seguridad del espacio territoria y las áreas aledañas.

“En la zona del Pato Balsillas, hay enfrentamientos y allí se encuentra el antiguo ETCR de Miravalle. Desde la firma del Acuerdo de Paz al 6 de febrero de 2024, 1456 líderes y lideresas han sido asesinados, entre ellas, Ludivia Galindes, presidenta de junta en Miramar y luego de ASOJUNTAS en el municipio de La Montañita”, comenta el documento de esa justicia.

Esta solicitud se enfoca también en los avances del Plan Estratégico de Seguridad y Protección para las Personas en Proceso de Reincorporación en el departamento. Además, la JEP ha requerido informes específicos a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

El objetivo de estos informes es esclarecer las rutas diseñadas para garantizar la seguridad de los firmantes de la reincorporación en el Etcr, así como el estado actual de los proyectos productivos y sus proyecciones a futuro.

En paralelo, la Agencia Nacional de Tierras deberá proporcionar información sobre los planes y programas destinados a formalizar las tierras para estos proyectos productivos en Miravalle. Según indicaron, la titularidad de la tierra es crucial para la sostenibilidad de las iniciativas productivas de los excombatientes.

Otra entidad involucrada es la Unidad Nacional de Protección (UNP), que deberá elaborar un informe sobre el estado de implementación del esquema de protección en condiciones óptimas y efectivas para espacio territorial de Miravalle.

Según indicó la JEP, dicho documento deberá detallar minuciosamente los esquemas de protección asignados a dos comparecientes específicos: Franklin González Ramírez y Lucila Moreno Páez. Asimismo, también le solicitó la clarificación de los lineamientos diseñados para implementar acciones integrales que protejan a la población de Miravalle.

“En el caso de tener alguna falla con la implementación total de estas medidas de protección se reemplacen los vehículos defectuosos en un término de cuarenta y ocho (48) horas. Deberá presentar un informe de cumplimiento (...) Los lineamientos que han diseñado para implementar acciones integrales de protección a la población del AETCR de Miravalle”, se lee en la decisión de la JEP.

Pero la lista de entidades que tendrán que responder no acaba ahí. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares deberán rendir cuentas sobre los resultados de las operaciones para desmantelar los grupos criminales en Caquetá, enfocados especialmente en las áreas de Miravalle y San Vicente del Caguán.

Entretanto, todas las entidades mencionadas tienen un plazo de cinco días, a partir del 2 de julio, para responder a la JEP por el “riesgo inminente de desplazamiento forzado masivo y otros hechos que afectarían gravemente los derechos a la integridad, la libertad y la seguridad de firmantes del Acuerdo de Paz”, se destacó en el comunicado final.