Construcción de la segunda pista del aeropuerto José María Córdova, en Antioquia, tiene enfrentados a propietarios de las tierras con la Aerocivil

Hace casi 10 años el departamento de Antioquia se ilusionó con la ampliación del Aeropuerto Internacional José María Córdova (JMC), la principal terminal aérea que conecta a Medellín y Antioquia con el resto del país y parte del mundo, al anunciar la creación de una segunda pista de despegue y aterrizaje.

Sin embargo, aunque en 2015 iniciaron los trámites para la consecución de los predios, ahora los habitantes de la zona, principalmente campesinos de las veredas Chachafruto, Abreíto, El Carmín y Abreo en el municipio de Rionegro, enfrentan un bloqueo legal que les impide construir o vender sus tierras.

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Según denunció la comunidad, esta situación surgió debido a una figura jurídica establecida por la Unidad Especial de la Aeronáutica Civil, que declaró de utilidad pública un polígono de terreno para la futura construcción de la segunda pista.

Según voceros de las familias afectadas, representados por Héctor Gil Guarín, presidente de la veeduría Vida-JMC, dicha declaratoria ha impedido cualquier tipo de transacción o desarrollo en sus predios, a pesar de que el tiempo para que la autoridad aérea adquiriera los predios y empezara la construcción venció hace tres años.

En abril de 2015, la Aeronáutica Civil emitió una resolución que designaba un área de 784 hectáreas al costado occidental del JMC como de interés social y utilidad pública que, tras estudios y negociaciones con los habitantes, la superficie fue reducida a 406 hectáreas.

Fue así que en julio de 2017, la Aerocivil solicitó a la Oficina de Registros Públicos de Rionegro que emitiera certificados de libertad con una nota de afectación de utilidad pública para 361 predios. “La denominamos la declaratoria” explicó Gil en diálogo con El Colombiano, destacando que esa medida no permitió construcciones y congeló el precio comercial de las tierras.

De hecho, en una reciente publicación del medio nacional, la abogada María Orrego Velásquez destacó que la declaratoria estableció precios de avalúo notablemente bajos. “Mientras en El Carmín el precio del metro cuadrado calculado era de 19.000, en la Zona Franca quedó en 850.000. Estos valores se basan en avalúos antiguos”, explicó.

Esas diferencias en los precios han generado una considerable pérdida de valor para los propietarios, quienes no pueden vender sus tierras al verdadero precio de mercado, ya que futuros compradores se desestimulan al ver las restricciones.

Sin embargo, según reveló El Colombiano, en julio de 2023 se marcó el plazo máximo para que la Aerocivil comprara los predios afectados y comenzara la construcción de la segunda pista, algo que no ocurrió. Con la caducidad de la medida, la comunidad solicitó su retiro, pero se encontraron con un vacío legal que ha impedido que se formalice la desafectación de los predios.

La Aerocivil remitió a la Oficina de Registros Públicos la responsabilidad de verificar si trascurrido el tiempo se adquirió el bien o no y, en consecuencia, cancelar la afectación, según declaró el 7 de julio de 2023. En respuesta, la registradora de Rionegro afirmó que sin un oficio, resolución o acto administrativo emitido desde la Aerocivil, no podía proceder con la cancelación.

“Ella dijo que consultó con el superintendente nacional y él mismo le dijo que solo con el papel de la Aerocivil se podía proceder, porque la única forma de que se levante automáticamente la medida es cuando la afectación ajuste 10 años, es decir, en 2027 ¿Por qué tenemos que padecer la afectación si legalmente ya no existe?”, añadió Camilo Zuluaga, otro habitante afectado, al medio citado.

Por su parte, la Aerocivil sostiene que los polígonos no han sido objeto de gravámenes o medidas cautelares y que la declaratoria tiene efectos publicitarios, por lo que en octubre de 2023, Gil y otros afectados interpusieron una tutela en el juzgado de Rionegro para obligar a la autoridad aeroportuaria a emitir el documento requerido.

Sin embargo, la entidad apeló la decisión del juez ante el Tribunal Superior de Antioquia, argumentando que la veeduría debería haber presentado una acción de cumplimiento, y no una tutela, lo que condenó al proceso a iniciarse nuevamente

A pesar de esta situación, autoridades locales como la Cámara de Comercio de Rionegro y el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, han referido la desafectación como si ya estuviera en vigor, creando aún más confusión.

“Que quede claro: no nos oponemos al proyecto. Pero sí pedimos que haya una concertación que involucre la comunidad”, recalcó Camilo Zuluaga al medio nacional, mientras que los habitantes insisten en que el Plan Maestro que definirá la segunda pista debe hacerse con datos actualizados y consultas adecuadas, evitando desplazar a los residentes como ocurrió en 1975 con la primera pista.