Contratista de carrotanques de la Ungrd para La Guajira le mintió a la Fiscalía: se quedaría sin acuerdo de colaboración

Cuando el país creía que el testigo estrella de la Fiscalía para resolver el mayor escándalo de corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro, hasta ahora, llegaría a resolver las incógnitas del ente investigador en el caso de sobornos a congresistas y la participación de funcionarios del alto Gobierno en el entramado ilegal, en las últimas horas se conoció que la colaboración de Luis Eduardo López Rosero podría irse al piso.

De hecho, aunque las aguas se apaciguaron en el ámbito público, la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha avanzado de manera silenciosa, pero rápida en el Juzgado 44 Penal Municipal con función de control de garantías.

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Las diligencias no se han detenido y en la última audiencia que presenció el contratista pastuso, la Fiscalía encontró varias incongruencias en sus testimonios, por lo que dejaría de ser una ficha confiable para el ente acusador.

“La fiscal María Cristina Patiño le preguntó cuántas empresas tenía a su nombre y si era la primera vez que participaba en el pago de un soborno. Y en ambas respuestas hay evidencia de que el señor López Rosero mintió”, reveló una fuente enterada del caso a El Tiempo.

De hecho, a la pregunta sobre cuántas empresas poseía el contratista respondió que solo tenía bajo su poder seis compañías acompañado de sus respectivos certificados de cámara de comercio; sin embargo, el medio nacional a través de sus fuentes reservadas logró corroborar que López está relacionado con, al menos, 17 empresas.

López Rosero estaba dispuesto a colaborar para salvar a su esposa, Sandra Brand, y a su hija, Karen López, relacionadas con empresas involucradas en la compra ilícita de carrotanques para llevar agua a La Guajira. En comunicaciones con El Tiempo, el empresario pidió que no se mezclara a su familia en el caso, argumentando que eran terceras de buena fe.

Entre las empresas mencionadas por López Rosero se encuentran Luket SAS, Brand SAS, Kalmo SAS, RML Constructora e Impoamericana Roger SAS, esta última fue encargada del suministro de carrotanques. Pero López Rosero omitió otras empresas de su propiedad o en las que tenía participación, incluyendo una relacionada con un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

En enero de 2020, López Rosero firmó un contrato con la Alcaldía de Pasto para arrendar un inmueble que garantizara la continuidad del servicio educativo para estudiantes de la Institución Educativa Municipal Liceo Central de Nariño. Además, a inicios de mayo, una trabajadora de Luket SAS se reunió con una firma de abogados en Bogotá para buscar asesoría legal en medio del escándalo de los carrotanques.

Asimismo, una fundación en Pasto denunció que le arrebataron un contrato de kits alimenticios durante la pandemia, que terminó en manos de Luket SAS por influencia de un político de Nariño. Sin embargo, López Rosero confesó que ha sido contratista durante décadas y que puede olvidar algunos detalles, pero la Fiscalía considera imposible que no recuerde otros acuerdos ilícitos con la Ungrd, como la compra de carros de bomberos.

Para la Fiscalía, es imprescindible que López Rosero recuerde y colabore con nuevas informaciones, revelando incluso el nombre del político de Nariño implicado, o será incluido en la lista de imputaciones sin posibilidad de beneficios. Una fuente judicial destacó al medio nacional que, mientras “Olmedo López y Sneyder Pinilla presentan pruebas como fotos, chats y testigos, “el pastuso” no ha aportado información valiosa”.

Incluso, el pasado 20 de febrero El Tiempo reveló que Luis Eduardo López Rosero estaba vinculado también a Proyectos RML SAS, DL Consultora SAS y Distribuidora de Licores de Nariño SAS, esta última en proceso de liquidación. Sneyder Pinilla ha confesado el pago de otro soborno relacionado con este negocio, lo que complica aún más la defensa de López Rosero.

Las investigaciones han revelado también contratos adicionales de López Rosero con la Fiscalía General en 2019, cuyo objeto era el arrendamiento de un inmueble para la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental en Norte de Santander, por un valor inicial de 195 millones de pesos, con una adición de 130 millones más.

Ante estos hechos, la Fiscalía se prepara para avanzar con las imputaciones y profundizar las investigaciones sobre la red de corrupción en la Ungrd, siguiendo de cerca cada desarrollo en este complicado esquema de contratos y sobornos.