
Por medio de un comunicado, el Gobierno nacional rechazó las amenazas y cualquier agresión que grupos armados realicen contra la población civil y, en particular, contra la población firmante del Acuerdo Final de Paz en Miravalle, zona rural de Caquetá, después de conocer las amenazas del Bloque Jorge Briceño perteneciente al Estado Mayor Central de las Farc (EMC), un grupo armado ilegal que tiene influencia en esa zona del país.
Las amenazas tienen su origen en la disputa militar que sostiene el EMC con la Segunda Marquetalia, “acciones que consideramos contrarias a cualquier manifestación de voluntad de paz”, aseguró el Gobierno. Por su parte, los excombatientes y firmantes de paz manifestaron su preocupación por los panfletos que recibieron en los que las Farc declaran el territorio como ‘zona de conflicto’.
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Ante la amenaza, Alejandra Miller Restrepo, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), se refirió en Noticias RCN a la figura de negociación de paz que adelanta el Gobierno nacional con esta disidencia de las Farc. “Rechazamos esta circunstancia por parte del EMC que se encuentra en este momento en negociaciones con el Gobierno nacional. Creemos que este es un tema fundamental para abordarlo en la mesa de negociaciones por el respeto a la vida de firmantes del acuerdo de paz, líderes y lideresas sociales”, dijo.
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Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, también se pronunció ante la situación de seguridad en Miravalle, Caquetá, y sostuvo que las acciones del EMC corresponden a “presiones por una disputa territorial entre grupos armados enfrentados que quieren afectar a la población”.

Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos escribió en su cuenta de X: “Lo que está sucediendo en Miravalle con el EMC es totalmente inaceptable”. Igualmente, aprovechó el momento para enviar un mensaje a la administración Petro.
“El Gobierno tiene la obligación de implementar las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo de Paz, recuperar el control del territorio, y proteger la vida de los firmantes y de las comunidades comprometidas con la construcción de paz”, expresó.
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Igualmente, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y líder del Partido Comunes, expresó su preocupación en su cuenta de X: “Presidente, soy un convencido de la ‘paz total’ y de la solución negociada a las violencias persistentes en el país. Pero la improvisación, las concesiones a los verdugos y la mezquindad para implementar el Acuerdo de paz son un riesgo para la vida de miles de firmantes”. Además, señaló que a causa del conflicto en la zona, 14 mujeres, 44 hombres, 7 niñas y 17 niños fueron víctimas de desplazamiento forzado.
Para atender a la población firmante, el Gobierno nacional estableció un “Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV), en las instalaciones del ETCR, convocado por el Ministerio del Interior y en el cual participaron el Ministerio de Defensa, Ministerio de Ambiente, la Oficina del Comisionado de paz, la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz”.
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En el PMUV se acordaron rutas dirigidas a garantizar la vida de la población firmante. En ese sentido, el Gobierno Petro anunció que mantendrá la presencia de la fuerza pública en la zona. Además, el Estado se comprometió a acelerar el traslado y consolidación del ETCR de Miravalle a un lugar específico que favorezca la reincorporación integral.
De igual manera, anunció medidas para fortalecer la atención a los llamados de sus habitantes, para lo que se acordó una ruta para su desarrollo, a la vez que, exigió al Estado Mayor Central de las Farc desistir de su intimidación tanto a la población como a los firmantes de paz.
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