El hostigamiento de grupos armados no solo es en Jamundí: en otros municipios enfrentan manuales impuestos y pagos forzosos

Las disidencias de las Farc, concretamente el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, han establecido un control muy robusto en varios municipios de Colombia. Según los reportes de las autoridades, nada más en el sur del Valle del Cauca, en Jamundí, el frente Jaime Martínez ha perpetrado 17 ataques terroristas en cuatro meses.

De acuerdo con información publicada por Semana, no se trata únicamente de esa región. Por ejemplo, Caquetá es otro de los departamentos afectados por esta situación de violencia que se está escalando. Tanto, que el medio conoció que la organización criminal ha impuesto un “manual de convivencia” de seis páginas, donde se establecen reglas estrictas y se amenaza de muerte a ciertos grupos sociales.

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“Nosotros, como autoridad legítima del territorio, apoyamos a las comunidades y, en pro de mejorar las condiciones de vida, seguridad y convivencia, orientamos las siguientes líneas generales de trabajo”, se lee en el documento.

Las regulaciones incluyen restricciones a los establecimientos que venden licor, la introducción de licencias médicas para trabajadoras sexuales y la prohibición de exhibicionismos delante de la población. “Las trabajadoras sexuales deberán ser controladas por las Juntas de Acción Comunal y cada una tendrá que portar un carné de control médico por lo menos cinco días antes de su llegada”, se indica en dicho manual.

En el municipio de Albania, incluso, también se vive un clima de tensión y miedo. Un habitante del lugar relató a la revista que “el manual fue entregado a las Juntas de Acción Comunal para que ellas los repartan entre la población. Ahora esos mandamientos están en todas las casas y debemos acatarlos, porque ellos no amenazan a nadie, simplemente matan y ya”.

En el oriente y el norte del país

En Mesetas, Meta, el 11 de junio del año en curso, las disidencias obligaron a todos los comerciantes a una reunión para fijar los nuevos montos de las extorsiones mensuales.

“Señor(a): Comarca Mesetas, reciba un cordial saludo revolucionario de parte de Las FARC-EP, para informales que se presenten todos los comerciantes de Mesetas, todo el comercio debe estar cerrado en el día de mañana, miércoles y asistir todos. El que deje el negocio abierto y no asista será multado con hasta 5 millones de pesos,” se lee en un panfleto distribuido por el grupo armado.

El operar de estas fuerzas al margen de la ley es aún fuerte, pues en el Caribe colombiano también se evidencia la influencia de grupos armados ilegales. Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada dominan el territorio en la Sierra Nevada de Santa Marta, involucrándose en narcotráfico y extorsiones. “En esta zona los grupos armados hacen lo que quieren porque no hay suficiente presencia de la fuerza pública para hacerles frente”, explicó una líder social que trabaja en la zona.

Lo que hacen estas estructuras armadas con los pobladores

La situación en el sector de la Sierra Nevada es crítica. De hecho, a principios de junio, más de 60 familias tuvieron que abandonar sus hogares debido a los enfrentamientos entre los grupos armados.

“A las fincas de los campesinos llegan los comandantes de estos grupos ilegales, les piden que les preparen comida, pero esos favores son órdenes, porque si no lo hacen los declaran objetivos militares y es cuando se desatan las masacres”, detalló la líder.

En el departamento del Cesar y Córdoba, el ELN y el Clan del Golfo imponen su ley entre los campesinos. “Hay campesinos que en medio de las ráfagas de fusil se montan en sus yeguas o mulas y huyen con sus familias, dejándolo todo tirado porque primero está su familia”, añadió la misma fuente.

Las exigencias de los grupos armados parten desde el reclutamiento de menores hasta el control absoluto del movimiento de las personas en las áreas dominadas. Incluso, en uno de los manuales de las disidencias de las Farc se afirmó que “el carnet comunal solo tendrá vigencia de seis meses, en el entendido de que cada persona participe de manera activa en los procesos comunales”.