
En medio de la polémica que ha generado la prohibición de patrullajes y operaciones de seguridad privada que sustituyen a la policía en Sincelejo, el alcalde Yahir Acuña defendió el contrato con la empresa de vigilancia privada.
El mandatario local expresó varias razones por las cuales no comparte la decisión que tomó la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia), quien explicó en su resolución emitida el jueves 27 de junio, que dichos grupos de seguridad estaban excediendo las funciones propias de las fuerzas públicas destinadas al restablecimiento y conservación del orden público.
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Durante una entrevista concedida a Blu Radio la mañana del viernes 28 de junio, Acuña manifestó que la adjudicación fue mediante licitación pública transparente y cumple con las normativas actuales.
Sumado a lo a lo anterior, el alcalde Sincelejo expresó que dicha medida cautelar afecta las operaciones de seguridad motorizada y armada del municipio.
Según Acuña, esta medida no impacta las tareas de vigilancia en los parques públicos de Sincelejo, cumpliendo con la ley en cuanto a alternativas de seguridad. “Estas son alternativas que la ley nos permite”, afirmó el gobernante, explicando que la vigilancia móvil se enfoca en áreas públicas y no interfiere con las funciones de la policía.
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Acuña también subrayó la importancia de la percepción pública sobre los vigilantes, indicando que la vestimenta y equipos de protección cumplen con las resoluciones del Ministerio de Defensa y la Superintendencia. “Ellos tienen que prestarnos los servicios de acuerdo con lo que dice una resolución tanto del Ministerio de Defensa como de la Superintendencia”, precisó.
Sobre el futuro de estas operaciones, el alcalde enfatizó que no planea desafiar la decisión de la Superintendencia, dejando el tema legal en manos de la empresa de vigilancia. “No pretendemos desacatar la medida cautelar impuesta, pero es un tema que la empresa de vigilancia debe abordar y defender dentro del marco legal correspondiente”, dijo Acuña.
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Los motivos que llevaron a la Supervigilancia a tomar la decisión
La Superintendencia de Vigilancia ordenó la suspensión de todos los patrullajes de la empresa de seguridad privada Vipers Ltda en Sincelejo, Sucre. La medida responde a la presencia de hombres armados y vestidos de negro patrullando la ciudad, como parte de una estrategia contratada por el alcalde Acuña, que implica servicios de seguridad hasta diciembre de 2027 por aproximadamente $25.000 millones.
Según la Superintendencia, las inspecciones revelaron que Vipers Ltda estaba llevando a cabo actividades que exceden las competencias propias de las fuerzas públicas dedicadas al mantenimiento del orden público. Esta situación llevó a la suspensión inmediata de los patrullajes de la empresa, por tratarse de actos reservados exclusivamente a la autoridad pública.
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El ministro de Defensa, Iván Velásquez, comentó que la administración local debería desmantelar este “frente de seguridad”, comparándolo con prácticas asociadas al paramilitarismo, especialmente en una región tan afectada por este fenómeno en el pasado.
La historia del paramilitarismo en Colombia, y en particular en Sucre, encuentra sus raíces finales de los años 80, cuando grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) surgieron como fuerzas de autodefensa pero derivaron en actividades delictivas, desembocando en cientos de homicidios selectivos, en los que gran parte de las víctimas fue la misma población civil.
Su desmovilización comenzó en 2003 con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero las consecuencias aún se sienten con la formación de bandas criminales conocidas como Bacrim, perpetuando la inseguridad y afectando la justicia en el país.
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Polémica desde que Acuña llegó a la alcaldía en Sincelejo
Yahir Acuña asumió como alcalde de Sincelejo para el período 2024-2027, enfrentándose a opiniones divididas respecto a su gestión. Aunque destaca la reducción de índices delictivos, con una disminución del 51% en homicidios y del 45% en hurtos, estas acciones no han sido suficientes para silenciar a sus críticos.
Acuña ha sido objeto de críticas que lo tildan de “dictador”, calificativo que él mismo ha rechazado. “Es una apreciación apartada de la realidad. Hemos introducido audiencias públicas semanales y el despacho del alcalde se ha abierto a la población vulnerable”, declaró el mandatario, según informó un medio local.
Los líderes comunitarios han manifestado sentirse desatendidos. Uno de estos ejemplos se evidenciaría con el testimonio de Erasmo Tamara, presidente de la acción comunal de la comuna 4, quien afirmó que “el doctor Yahir hace caso omiso a todas las reuniones” desde enero. Este contraste en percepciones se refleja en la solicitud continua de mayor atención a las comunidades desfavorecidas.
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En respuesta, el alcalde ha impulsado iniciativas, como una red de apoyo para que trabajadoras sexuales ingresen al mercado laboral formal y proyectos dirigidos a mejorar la situación de los habitantes de calle. Adicionalmente, ha promovido “pactos de no agresión” entre pandillas para reducir las fronteras invisibles que afectaban a la población.
Eddison Arrieta, director ejecutivo para el desarrollo de Sucre, respaldó al alcalde al destacar una “mayor seguridad y mayor involucramiento de los funcionarios públicos”. Con el uso de 700 cámaras comunitarias y un sistema de alarmas, las autoridades locales han reforzado la vigilancia, haciendo de Sincelejo una de las ciudades más seguras del Caribe colombiano, según cifras de la Policía Nacional.
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Sin embargo, los llamados de la comunidad para que el alcalde ofrezca más presencia en sus barrios persisten, reflejando la demanda de una gestión más equilibrada y cercana a las necesidades de todos los ciudadanos.
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