
Aunque el Gobierno nacional asegura haber ampliado la cobertura del PAE a nivel nacional, durante el primer semestre de 2024 la Contraloría identificó varios problemas que han afectado a más de 229.000 niños por no recibir el servicio de alimentación en el país.
El ente de control señaló que con corte a mayo, solo 6 de las 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), que son la división del servicio educativo a nivel nacional, presentaron problemas en la administración del PAE, lo que representa a 229.000 estudiantes de los 5.9 millones de niños, niñas y adolescentes son beneficiarios del servicio de alimentación escolar.
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Uno de los mayores problemas se encuentra en Bolívar, donde la Contraloría identificó que no se está prestando el servicio desde el 28 de mayo 2024, lo que ha afectado a 153.499 estudiantes de ese territorio, pese a que se había establecido su extensión incluso durante las vacaciones escolares.
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En Cauca también existe alerta debido a que el servicio PAE Indígena se suspendió el 10 de abril y solo hasta el 17 de mayo la autoridad departamental dispuso el presupuesto para que se iniciaran los trámites de contratación con las 27 autoridades indígenas. Esta situación perjudica alrededor de 65.000 estudiantes.
En el departamento del Magdalena, se identificó que 848 beneficiarios de Fundación no recibieron atención del servicio de alimentación. En Santa Marta no se ha realizado la concertación del PAE con los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Chimila y Wiwa lo que ha afectado a 3.664 estudiantes.
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En Huila, otro de los casos con alerta de la Contraloría, se encontró que en el municipio de Algeciras el PAE se suspendió el 29 de abril, debido a problemas de orden público, y desde esa a 3.208 estudiantes no se les está entregando la alimentación.
En Antioquia los municipios de Titiribí, Argelia, Jardín y Yalí no recibieron alimentación entre el 15 y 31 de mayo, cuando inició la suspensión del servicio, por lo que se han visto afectados 3.474 estudiantes.
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Durante el seguimiento del ente de control al PAE también se identificaron otras irregularidades como, por ejemplo, que 36 entidades territoriales no iniciaron a tiempo el servicio. En Antioquia, Caquetá, Córdoba, Montería, Girardot, Sucre, Sincelejo y Popayán, Popayán, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Chocó, Buenaventura y Córdoba, del PAE Indígena) incluso demoraron la dispersión de alimentos hasta con 30 días de retraso.
“Es preocupante que 10 ETC del PAE Mayoritario (La Estrella, Barranquilla, Florencia, Casanare, Yopal, Cauca, Cesar, Lorica, Huila y Neiva) y 11 ETC del PAE Indígena (Arauca, Casanare, Cauca, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, Maicao, Sincelejo, Sucre y Valle del Cauca) iniciaron con un retraso mayor o igual a 10 días calendario, incumpliendo con lo establecido en la Ley 2167 de 2021″, alertó la Contraloría.
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Los retrasos en el inicio del programa afectaron a 1.5 millones de estudiantes de todo el país, de acuerdo con los hallazgos de la Contraloría. La población afectada además es mayoritariamente menores vulnerables, en áreas urbanas y rurales, que tienen pocas posibilidades de acceder al sistema escolar y para quienes la alimentación es una garantía de permanencia.
Hallazgos fiscales
La Contraloría identificó además 11 hallazgos con incidencia fiscal por un valor de $4.181 millones en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) correspondiente a la vigencia de 2023. Los hallazgos presentan fallas en varias áreas clave de la administración del programa.
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Entre las deficiencias más significativas encontradas se destacan las relacionadas con la ejecución contractual, representando el 63% de los hallazgos totales. Se han observado fallos específicos en la operación del PAE Indígena en el departamento de Nariño, y una parte considerable de los problemas están relacionados con la vigilancia y control del programa, donde se han reportado irregularidades en el suministro de raciones alimenticias durante los períodos de receso escolar.
El informe de la CGR también revela sobrecostos en la prestación del servicio, indicando que se pagaron mayores valores a las manipuladoras de alimentos y hubo errores en el cálculo de los costos operativos. Estos hallazgos fiscales se concentran mayoritariamente en la Región Pacífico, específicamente en la Entidad Territorial Certificada (ETC) Nariño (84%) y en la Región Eje Cafetero en la ETC Quindío (14%).
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El análisis, con fecha de corte del 30 de mayo de 2024, advierte un riesgo potencial: “Las acciones contractuales necesarias aún no se han completado, lo que pone en peligro la continuidad del PAE para el segundo semestre de 2024, afectando a unos 1.1 millones de estudiantes regulares y aproximadamente 73 mil niños, niñas y adolescentes indígenas”, según la CGR. Con esta advertencia, la entidad hace un llamado a las 19 Entidades Territoriales Certificadas que presentan contratos vencidos o con vencimiento inferior a 30 días para que garanticen la prestación, continuidad y calidad del servicio.
Las ETCs afectadas por esta situación son: Antioquia, Apartadó, Bello, Soledad, Duitama, Tunja, Yopal, Cauca, Chocó, Funza, Magdalena, Santa Marta, Meta, Pasto, Cúcuta, Quindío, Cartago, Valle del Cauca y Vichada. Estas regiones deben tomar medidas urgentes para evitar la interrupción del servicio educativo alimentario.
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