Cerrejón, la empresa minera, informó sobre múltiples bloqueos que afectan sus operaciones, de acuerdo con información obtenida por la emisora colombiana W Radio.
Hay tres bloqueos en las instalaciones de la mina y cuatro en la línea férrea, obstaculizando la entrada y salida de trabajadores y el transporte de carbón hacia Puerto Bolívar.
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Estos bloqueos también están impactando la llegada de suministros esenciales y la movilización del tren que entrega agua a las comunidades vecinas.
Luis Marulanda, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Cerrejón, señaló que estos bloqueos son liderados por dirigentes de Uribia y Manaure, quienes demandan soluciones a los problemas de suministro de energía.
Marulanda aclaró que la solución depende del gobierno nacional, no de Cerrejón. Además, una comunidad está bloqueando la operación minera exigiendo ser incluida en las consultas previas y programas sociales de la compañía, a pesar de dos sentencias judiciales que indican lo contrario.
Además, reiteró el compromiso de Cerrejón de trabajar con entidades gubernamentales y comunidades para generar espacios de diálogo y concertación que solucionen los problemas sin recurrir a medidas de hecho que ponen en riesgo tanto la operación de la compañía como el desarrollo normal de las comunidades y la región.
Esta situación lleva varios días y Cerrejón ya había alertado sobre la necesidad de una solución a los bloqueos, destacando que afectan a 164 comunidades que no reciben agua potable y a más de 12 mil trabajadores y sus familias.
El impacto de estos bloqueos es significativo, no solo en términos de operación minera, sino también en la vida diaria de las comunidades vecinas y la economía regional. La empresa y los líderes locales continúan buscando soluciones que permitan el normal funcionamiento de la mina y el bienestar de las comunidades afectadas.
Comunidades colombianas piden a la Justicia reparación tras el cierre de dos minas
Comunidades campesinas del norte de país, afectadas durante 25 años por dos minas gestionadas por una filial de la multinacional suiza Glencore, esperan la decisión de la Corte Constitucional sobre su petición de reparación por los daños ocasionados tras el cierre de las minas Calenturitas y La Jagua. Prodeco, la filial, renunció a sus licencias mineras ante la Autoridad Nacional de Minería (ANM) debido a los impactos de la pandemia.
Las comunidades, compuestas por unas 20.000 personas de diversos grupos sociales, buscan reparaciones por los daños ambientales y económicos que sufrieron.
La Asamblea Campesina del Cesar, representada por Evert Francisco García, sostiene que el cierre fue “inesperado e irregular” y esperan que la Corte siente un precedente en la garantía de derechos humanos en la clausura de minas.
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La tutela, presentada en agosto de 2022, busca asegurar que la empresa no abandone el territorio sin reparar los daños causados, tanto ambientales como a la salud de los residentes locales.
Las comunidades han destacado la importancia de ser consideradas en este proceso, subrayando la necesidad de que la empresa se responsabilice por los “huecos y daños al ambiente y a la salud” que han dejado las actividades mineras.
El resultado de esta decisión, que se espera para este lunes, podría tener un impacto significativo en la manera en que se manejan las clausuras de minas en Colombia, especialmente en términos de responsabilidad corporativa y protección de los derechos de las comunidades afectadas.
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