Paola Holguín ratificó en la Fiscalía su denuncia por “peculado culposo” contra Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda

El miércoles 26 de junio, por solicitud del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, ratificó la denuncia que había interpuesto en 2023 contra Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público, a quien acusa de haber incurrido en el delito de peculado culposo.

Tal acción había sido tomada con motivo del “pago irregular de la nómina de más de 180 mil servidores públicos, que se presentó el 24 de noviembre de 2023, a los que se les consignó hasta cuatro veces el valor de su salario mensual”, tal como se indica en una comunicación oficial de la funcionaria legislativa.

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Parte de la diligencia adelantada por Holguín tiene que ver con la entrega que hizo de las respuestas que, a sus derechos de petición, dio el Ministerio de Hacienda.

Allí se “reconoce el equívoco por un valor inicial superior a 665 mil millones de pesos según el grupo SIIF, y otra respuesta del 18 de diciembre de 2023, donde el Ministerio afirmaba que había un saldo por recuperar superior a 50 mil millones de pesos”.

Los investigadores del caso fueron notificados del proceso fiscal que se cursa en la Contraloría en contra del ministro Bonilla y otros funcionarios de la cartera económica con el fin de determinar posibles responsabilidades.

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Si bien este tema había estado quieto por un tiempo, en la denuncia se menciona que el Ministerio de Defensa no tiene claro el total del desfalco ni ha identificado a las personas que se vieron beneficiadas con este pago adicional, por lo que la Contraloría General de la República inició la apertura de una indagación preliminar por el detrimento patrimonial que supuso esta novedad salarial.

Este aparente descuido en la custodia de los bienes estatales constituye un delito cuando hay una relación de causalidad entre la pérdida y la negligencia de un funcionario. Específicamente, el caso actual podría estar relacionado con la gestión deficiente de la plataforma de pagos estatal (SIIF), incluyendo inadecuados controles o el eventual hackeo del sistema.

La jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estipula que la responsabilidad recae en el funcionario cuya imprudencia resulta en detrimento patrimonial. El decreto 4712 establece como función explícita del ministerio la administración del Tesoro y el pago de las obligaciones del Estado, enfatizando la relevancia de la función incumplida en este suceso.

En el texto, firmado también por el representante Juan Espinal, se lee que “se estaba hablando de un billón de pesos que había sido girado como doble pago a diferentes funcionarios. Días posteriores, el ministro de Hacienda le informó a los colombianos que se habían recuperado los recursos, pero en los últimos días vimos cómo sale la noticia ante la opinión pública de que no se ha terminado de recuperar los recursos (...)”.

Aunque respecto a la devolución de dineros el ministro Bonilla mencionó en rueda de prensa el martes 12 de diciembre que en los casos en los que giró de más en pagos de nómina a funcionarios se haría el descuento automático al mes de diciembre, para reintegrar todo el dinero.

Esto en línea con la circular 039, que emitió la cartera el 7 de diciembre donde se solicitó a los secretarios y demás jefes de dependencias agilizar el proceso para efectuar el reintegro de recursos de nómina pagados en exceso que se entregó tanto a funcionarios como a pensionados el 24 de noviembre de 2023.

Por ahora, no ha habido pronunciamientos por parte del ministro Bonilla ni por ningún otro funcionario de la cartera financiera.