A los magistrados de las altas cortes los tendrían ‘chuzados’ desde hace tiempo: hay alertas desde el 2023

El reciente escándalo por supuestas interceptaciones por parte de las dependencias de inteligencia de la Presidencia de la República a los magistrados de la rama judicial vuelve a dar un giro, pues las presuntas “chuzadas” a correos electrónicos y teléfonos celulares se vendrían haciendo hace más de un año.

Según se conoció, las alertas por parte de los magistrados se reportaron por primera vez hace más de un año, cuando el entonces presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo, denunció posibles acciones de vigilancia por parte del Gobierno de Gustavo Petro.

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Una investigación de El Espectador también reveló que varios integrantes y exintegrantes de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema ya habían expresado sus inquietudes sobre las presuntas interceptaciones. Jorge Enrique Ibáñez, magistrado de la Corte Constitucional, fue el último en alertar a la Fiscalía, afirmando que tanto él como sus magistrados auxiliares estaban siendo objeto de estos seguimientos ilegales.

Rodríguez confirmó que tenía conocimiento de estas inquietudes desde el año pasado, según informaron fuentes del alto tribunal al medio nacional. De hecho, las sospechas no solo se basaban en fallos encontrados en los equipos y celulares oficiales de los magistrados, sino también en análisis técnicos que mostraban irregularidades en sus comunicaciones.

Los indicios hicieron que durante el año pasado, los presidentes de los principales tribunales, incluyendo a Jaime Rodríguez Navas, expresidente del Consejo de Estado, realizaran varias reuniones para discutir estos temas. En estos encuentros, se abordó el temor de que el Gobierno estuviera intentando influir en las decisiones judiciales, lo cual se considera una amenaza para la independencia judicial.

Incluso, en 2023 los magistrados enviaron la información a Carlos Ramón Rodríguez, que para ese momento era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), con el fin de iniciar las investigaciones pertinentes, pues las alertas apuntaban a que las “chuzadas” provenían de los departamentos de seguridad e inteligencia del Ejecutivo.

Así fue ratificado por el mismo Rodríguez en medio de su intervención en el Congreso de la República, donde afirmó que en tres ocasiones el presidente de la Corte Suprema le comunicó que había informes de interceptaciones a los magistrados.

“En tres ocasiones el presidente (de la Corte Suprema) me dijo: ‘Doctor Carlos Ramón, tenemos informes de que nos están ‘chuzando’ a los magistrados, nos están haciendo seguimientos, nos están ‘chuzando’”, dijo González en un debate de control político en su contra en el Congreso el pasado 18 de junio. “La primera vez le dije: ‘Le pido por favor magistrado que nos ayude a investigar algo. Algún indicio. Por algún lado comenzamos’. La tercera ocasión me mencionó un nombre, investigamos todo lo que pudimos y descartamos que esa situación se estuviera dando”, señaló.

Aunque González comentó que las investigaciones iniciales no arrojaron pruebas contundentes, reconoció que la sensación de los magistrados de ser interceptados continúa y los rumores se mantienen vigentes. Además, las sospechas de interceptaciones se hacen más fuertes después de los capítulos que han debido solucionar las altas cortes, como la elección de la fiscal general en la Corte Suprema, así como las demandas a las iniciativas y reformas del Gobierno que están siendo decididas en la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Entretanto, el ahora director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón Rodríguez, programó una reunión para este 26 de junio con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra en la que se presume que le entregarán nuevas pruebas de presuntas las interceptaciones.

Paralelamente, la Procuraduría ha abierto una investigación preliminar sobre posibles irregularidades en el comportamiento del personal del DNI. Esta indagación busca esclarecer si existieron autorizaciones judiciales oficiales para llevar a cabo las interceptaciones a los magistrados. Además, la Fiscalía ha comenzado a tomar declaraciones y recolectar testimonios de los involucrados, incluyendo al magistrado Jorge Enrique Ibáñez y su entorno cercano.

Aunque el Gobierno de Gustavo Petro ha defendido su posición, asegurando que no ha ordenado ninguna interceptación, el ambiente de desconfianza persiste entre las altas cortes. La expectativa es que las autoridades judiciales colaboren con los investigadores tan pronto como se obtengan avances en la indagación sobre las presuntas ‘chuzadas’ y perfilamientos.

Asimismo, las cortes afectadas mantienen un prudente silencio oficial, esperando que las investigaciones arrojen más luz sobre estas prácticas y se adopten las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la legalidad en las comunicaciones del personal judicial.