Golpe a red trasnacional de narcotráfico: distribuía droga a Norteamérica, Centroamérica y Antioquia

En una operación conjunta de alto impacto, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, ha desarticulado una red dedicada al envío de clorhidrato de cocaína en lanchas rápidas con destino a Estados Unidos y países de Centroamérica, además de abastecer expendios de estupefacientes en Antioquia.

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La acción, coordinada con la Dijín de la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) resultó en la captura de nueve presuntos integrantes de la organización ilegal en Medellín, Bello y San Rafael (Antioquia). Durante los procedimientos, las autoridades incautaron 13 kilogramos de pasta base de coca, 85 millones de pesos en efectivo, 12 celulares, una pistola, 3 cargadores, 12 cartuchos y elementos utilizados para dosificar los estupefacientes.

Los detenidos fueron identificados como Liver Alcizar Mazo, Juan Fernando Jaramillo Guerra, Hugo Arley Posada Giraldo, Erika Yaned Piedrahita Parias, Jaime Andrés Arango Avendaño, Carlos Fernando y Hugo Daniel Posada Villa, Luis Alfredo Restrepo Hernández y Carlos José Gutiérrez Echeverry.

Según la investigación, estas personas serían responsables de acopiar grandes cargamentos de cocaína en Medellín, adquiridos en Cauca y Nariño, que luego transportaban hacia las costas del Golfo de Urabá para enviarlos en lanchas rápidas hacia Estados Unidos y Costa Rica. Una parte de la droga permanecía en la ciudad para abastecer a grupos delincuenciales como ‘Los Chatas’, ‘Robledo’ y ‘El Mesa’, dedicados al narcomenudeo y otras actividades ilegales.

Los capturados desempeñaban diversos roles dentro de la organización, desde la coordinación de la producción de la sustancia ilícita hasta el camuflaje, transporte, almacenamiento y comercialización tanto interna como internacional. Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Paralelamente a las capturas y al proceso de judicialización, la Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio 34 bienes muebles e inmuebles pertenecientes a algunos integrantes de la estructura narcotraficante. Las diligencias de ocupación se llevaron a cabo en Medellín, Bello e Ituango (Antioquia). Entre los bienes incautados se encuentran 6 apartamentos, 2 parqueaderos, 1 cuarto útil, 1 finca, 1 edificio, 7 establecimientos de comercio, 1 sociedad y 15 vehículos, con un valor estimado en 8.407 millones de pesos.

Cuáles podrían ser las condenas de los 9 capturados

Los individuos capturados en la reciente operación contra el narcotráfico en Antioquia podrían enfrentarse a severas condenas, según la legislación colombiana vigente. La Fiscalía les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir, ambos contemplados en el Código Penal colombiano.

El artículo 376 del Código Penal colombiano establece una pena de prisión de 128 a 360 meses (aproximadamente 10 a 30 años) y multas de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quien incurra en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La pena puede ser aumentada si se consideran agravantes como la cantidad de droga incautada, el uso de violencia o la participación de menores de edad en el delito.

Por otro lado, el artículo 340 del Código Penal colombiano, que tipifica el delito de concierto para delinquir, prevé una pena de prisión de 96 a 216 meses (8 a 18 años). Sin embargo, si el concierto para delinquir tiene el propósito de cometer delitos relacionados con el narcotráfico, la pena puede aumentar significativamente a 200 a 600 meses (16 a 50 años), reflejando la severidad de participar en organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Dado que los capturados enfrentan múltiples cargos, las condenas pueden ser acumulativas. Esto significa que las penas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir se suman, resultando en posibles penas que superan los 30 años de prisión.

Además de las penas privativas de la libertad, la Fiscalía también ha iniciado procesos de extinción de dominio sobre 34 bienes muebles e inmuebles adquiridos mediante actividades ilícitas. Esto implica que los capturados podrían perder propiedades valoradas en 8.407 millones de pesos, incluyendo apartamentos, vehículos y establecimientos de comercio.