El Ministerio de Defensa señaló que, al año, el tope para entrega de prótesis a firmantes de paz (excombatientes de Farc-EP) es de cincuenta al año, priorizando a los uniformados de las Fuerzas Armadas de Colombia.
“El Hospital Militar solo ofrecerá servicios de prótesis ortopédicas a un máximo de cincuenta excombatientes al año, según capacidad residual. La prioridad siguen siendo nuestros militares activos, veteranos y sus familias. La atención a firmantes es limitada y bajo estrictos criterios”, expresó a través de un post en X.
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En mayo, el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares (CGA) publicó un comunicado rechazando la posibilidad de que los excombatientes sean atendidos con estos propósitos en el Hospital Militar.
“Rechazamos categóricamente la posibilidad de que un grupo terrorista y alzado en armas, que ha continuado con el secuestro y otros actos criminales, participe en algún escenario donde se discuta, proponga o promueva el uso legítimo de las armas, que es exclusivo de la fuerza pública, tácitamente establecido en nuestra Constitución”, escribieron.
Añadieron que “la sociedad y el pueblo colombiano siempre han respaldado consistentemente el actuar legítimo y la institucionalidad de nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional. La integridad y la seguridad de nuestra nación no pueden estar sujetas a negociaciones con grupos terroristas como el ELN, comprometiendo los valores fundamentales. La fuerza pública ha sido, y es, el baluarte de la defensa y el orden constitucional”.
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Atención a excombatientes hacía parte del Acuerdo de Paz
En el punto 3 del Acuerdo, ‘Fin del conflicto’, “se estableció la seguridad social como una de las garantías para la reincorporación económica y social sostenible de los exintegrantes de las FARC. En este sentido, se determinó que, de manera excepcional, para enfermedades graves de alto costo y la rehabilitación de lesiones derivadas del conflicto, el Gobierno crearía un sistema especial con la cooperación nacional e internacional para su atención”.
En el Conpes de 2018, se estableció una política nacional de Reincorporación Social y Económica de exintegrantes de las Farc.
Recientemente, los ministerios de Salud y de Defensa firmaron conjuntamente el Convenio 056 de 2024, en el que se establece que, para atender a los antiguos miembros de las Farc, no se dispondrían recursos ni del Ministerio de Salud ni del sistema de salud de las Fuerzas Militares. Es decir, que son las EPS a las que estén afiliados estos ciudadanos las dolientes de los procesos de recuperación.
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Prioridad para militares
Solo en la medida en que las necesidades de los uniformados estén completamente cubiertas, el Hospital Militar pondrá a disposición sus recursos para los firmantes que lo requieran. El límite es de cincuenta personas al año.
“No obstante, el número de atenciones puede ser menor de acuerdo con la demanda de este tipo de servicios y el riesgo operacional del personal militar activo, el cual en todo caso tendrá prioridad en su atención”, dijo en su momento Iván Velásquez, ministro de Defensa.
A propósito del Acuerdo de Paz, el presidente Gustavo Petro ha pedido en redes sociales apoyar la reforma agraria, uno de los puntos más importantes del Acuerdo de Paz para su completo cumplimiento e implementación.
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“Mi gobierno ha llevado a cabo un mecanismo de reforma agraria pacífica con compras voluntarias de tierras, pero es insuficiente para cumplir con el punto uno del acuerdo de paz”, expuso.
El funcionario alertó que, de no cumplirse el acuerdo, podrían darse consecuencias sociales indeseables. Por eso, hizo un llamado a la oposición:
“Ahora hay un ataque contra esta reforma agraria para impedirla. Tendría consecuencias impredecibles esta acción de la oposición. Espero que reflexionen”, afirmó Petro.
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