Procuraduría frenó millonario contrato de la Aerocivil en La Guajira por presuntas irregularidades

La Procuraduría General de la Nación notificó a las autoridades de La Guajira sobre la paralización indefinida de una obra solicitada ya con varios meses de anticipación.

Se trata de un esquema de inversión que supera los 10.480 millones de pesos para la construcción de la base de servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) en el aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha. La contratación, que fue liderada por la Aeronáutica Civil (Aerocivil) desde el año pasado, presentaría graves irregularidades, según el ente de control.

El 12 de abril del año en curso, la atención de las autoridades se alertó cuando uno de los interesados en la licitación señaló que el Consorcio Megaestructural, proponente número 29, habría superado el valor del contrato estipulado por la entidad. Marcio Melgosa Torrado, procurador Delegado Primero para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, advirtió que la adjudicación del contrato era “abiertamente irregular”, según información publicada por El Tiempo.

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De hecho, en una carta fechada el 5 de junio de 2024, conocida por el medio nacional, Andrés Arboleda Salazar, secretario de Servicios Aeroportuarios, admitió el error y solicitó a la Procuraduría orientaciones para corregir la situación: “El evaluador técnico, al revisar la observación presentada, estableció que en efecto en la evaluación de la oferta del proponente No. 29 se presentó un error en el formato Excel”, reconoció la Aerocivil.

La respuesta del Consorcio Megaestructural fue negativa cuando se les solicitó el consentimiento para la revocatoria directa de la adjudicación. En ese sentido, los abogados del consorcio evalúan una demanda contra la Aerocivil por incumplimiento del proceso de selección. La situación se complica aún más, ya que Andrés Arboleda solicitó a la Procuraduría: “brinden las recomendaciones o sugerencias que su despacho considere oportunas al momento de resolver la solicitud de revocatoria impetrada”.

Este no es el único caso que involucra problemas en las licitaciones en La Guajira. Otros contratos han sido detenidos debido a irregularidades en entidades gubernamentales. Entre estos, destacan contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) paralizados por anomalías en los pagos para ollas comunitarias y el alquiler de maquinaria, sin olvidar el escándalo de los carrotanques.

Un contrato de radioayudas, también en el limbo

El contrato para las obras del aeropuerto de Riohacha no es el único bajo escrutinio. El Ministerio Público también alertó a través de un comunicado que la Aerocivil también enfrenta cuestionamientos sobre una licitación de más de 18 mil millones de pesos para adquirir e instalar sistemas de radioayudas en los aeropuertos de Bogotá, Cartagena, Rionegro y Cúcuta.

El ente acusador manifestó que hay un riesgo patrimonial de los 18.000 millones “debido a las fallas evidenciadas en el procedimiento contractual”.

Específicamente, reportó la institución que las falencias se viero en “el cumplimiento de los cronogramas que podrían transgredir los principios de la contratación estatal”. Según el procurador Marcio Melgosa, delegado primero para la vigilancia de la Función Pública, “la Aeronáutica Civil, por medio de adendas, cambió las fechas establecidas desde el mismo inicio de la apertura del proceso (27 de diciembre de 2023), trasgrediendo no solo normas de la contratación, sino también intereses de los mismos oferentes”.

De la misma manera, la entidad acusada habróa prorrogado “el plazo de la licitación en más de la mitad del inicialmente fijado, es decir, que la fecha establecida era hasta el 6 de febrero de 2024, y la extendió hasta el 13 del mismo mes, contrariando lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación”.

Por eso, la Aeronáutica civil deberá cerrar la apertura de la licitación para que se realicen los ajustes, en conformidad con la ley y las disposiciones del Ministerio Público. “En consideración, el representante del órgano de control pidió a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil revocar el acto de apertura de la licitación con el fin de adecuar su actividad contractual a los principios orientadores de la contratación pública”, emitió la Procuraduría.

Como respuesta a estos problemas, la Aerocivil ha decidido no hacer pronunciamientos oficiales y se limitará a responder directamente a la Procuraduría.