La JEP le dio una amnistía al alcalde de Campoalegre por el delito porte de armas

La que favoreció a Víctor Ramón Vargas fue tomada por la Sala de Amnistía o Indulto

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Fotografía de archivo en la que se registró un logo de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia (JEP). EFE/Carlos Ortega
Fotografía de archivo en la que se registró un logo de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia (JEP). EFE/Carlos Ortega

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha concedido amnistía al alcalde de Campoalegre, Víctor Ramón Vargas, por el delito de porte de armas de uso personal, por el cual había sido condenado en mayo de 2000, de acuerdo con información obtenida por el medio de comunicación colombiano El Tiempo.

La decisión fue emitida por la Sala de Amnistía o Indulto, presidida por la magistrada Diana María Vega.

Este beneficio judicial también incluye la solicitud para que la Policía, la Procuraduría, el Inpec y la Contraloría eliminen de sus sistemas los antecedentes penales, disciplinarios y fiscales contra Vargas, un exintegrante de las Farc.

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La JEP enfatizó que, mientras se resuelve su situación jurídica de manera definitiva, Vargas está habilitado para ocupar cargos de elección popular.

Actualmente, la Sala de Amnistía está revisando otros delitos por los que Vargas fue condenado en el pasado. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP ha sido comisionada para ampliar la información sobre sus procesos.

En relación con los excombatientes de las Farc que se adhirieron al acuerdo de paz de 2016, la JEP destacó que más de 11,700 han recibido amnistía.

De estos, más de 734 fueron amnistiados por la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP, 9,600 por decreto presidencial tras la firma del acuerdo, y 1,400 por decisiones de la justicia ordinaria.

El Tribunal recordó que, dado que Vargas está cobijado por la ley de Justicia y Paz, la interpretación de su caso debe hacerse de manera extensiva.

Finalmente, la Sala de Amnistía o Indulto informó que ha recibido 7,500 casos, de los cuales 1,900 están en trámite. Esto indica que aproximadamente el 75 por ciento de los procesos han sido resueltos por los magistrados de esa sección de la JEP.

La JEP inicia formalmente investigación por el caso ‘Parqueadero Padilla’

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha iniciado formalmente la investigación en el caso conocido como ‘Parqueadero Padilla’ y los financiadores del paramilitarismo en Antioquia, con la citación a declarar a Jacinto Alberto Soto, alias ‘Lucas’, quien fungiera como jefe financiero de la Casa Castaño.

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La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, en medio del Caso No. 08, ha ordenado la práctica de la diligencia de testimonio reservado del señor Soto Toro.

El artículo transitorio 7º del Acto Legislativo 01 de 2017 fue el que dio origen a la mencionada Sala de Reconocimiento, asignándole la competencia para desarrollar su trabajo basado en “criterios de priorización elaborados a partir de la gravedad y representatividad de los delitos y del grado de responsabilidad en los mismos”.

Dentro de este marco, se aprobó la movilidad vertical del magistrado Gustavo Salazar Arbeláez y su equipo de trabajo, procedentes de la Sección de Primera Instancia para Casos con Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR), hacia la Sala de Reconocimiento. Esta movilidad fue validada según el Acuerdo del órgano de Gobierno No. 038 del 1 de noviembre de 2023, y tendrá un período de dieciocho meses.

En el documento, la JEP subraya que este ajuste organizativo es un paso necesario para garantizar la efectividad en el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades involucradas.

La investigación del caso ‘Parqueadero Padilla’ ocurre en medio de una serie de procesos que buscan establecer las conexiones y financiamientos relacionados con actividades paramilitares en la región de Antioquia. Este proceso se efectuará bajo estrictas condiciones de confidencialidad, como lo dictamina la naturaleza del testimonio reservado.

La citación de Jacinto Alberto Soto, alias ‘Lucas’, representa un paso significativo en la búsqueda de la verdad en torno a la financiación y apoyo logístico a grupos paramilitares. Soto, en su rol como jefe financiero, poseía conocimientos detallados sobre el flujo de recursos y el manejo financiero de la Casa Castaño, una de las estructuras criminales más relevantes del paramilitarismo en Colombia.

El avance de esta investigación es observado con atención por las víctimas del conflicto en la región.

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