
La ley estatutaria de educación ha generado molestias en varios sectores políticos del país, pues los cambios que planteó el Gobierno nacional no fueron bien recibidos por la oposición, que incluyó modificaciones al documento que será estudiado por el Senado de la República.
Entre las voces que se han pronunciado en contra de las reformas en temas de educación que el Ejecutivo planea implementar en el país se encuentra la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, que luego de referirse a la financiación de las universidades públicas que plantea el proyecto de ley, provocó una contundente respuesta por parte del presidente Gustavo Petro.
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En entrevista con la emisora W Radio, la senadora aseguró que la nueva ley para la educación no puede obligar al gobierno a entregar recursos solo para las universidades públicas: “Usted no puede poner en una ley estatutaria la obligación, no para este gobierno, sino para todos los gobiernos, de que toda la plata del Estado solamente se puede invertir en la educación pública”.

En ese aspecto, la congresista aseguró que los recursos para la educación se deben invertir sin pensar en qué tipo de universidad es, sino en pos de la calidad, sin crear divisiones entre instituciones de educación superior privadas o públicas: “Hay unos que creemos que la plata del Estado se debe invertir no en lo público o lo privado sino en la calidad y cuando usted habla de calidad, lo que tiene que estar pensando es que la educación no se divida en pública o privada, sino en educación que toda es un bien público y que con una relación costo beneficio el ciudadano decida, el padre de familia, defina cuál es la educación que quiere”.
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Por lo tanto, si el que debe decidir es el ciudadano o padre de familia, lo que le debería importar al Estado es contar con la calidad necesaria para que, sin importar la universidad, se tenga la tranquilidad de que será buena: “Si le va a costar lo mismo al Estado, lo importante es unos mínimos de calidad o unos máximos de calidad y la decisión del ciudadano”, concluyó la senadora.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que se refirió a las palabras de la senadora y aseguró que calidad no puede ser sinónimo de entregar recursos a personas que consideró como “amigos políticos” que dirigen “universidades privadas de garage”.
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“Calidad jamás será dejar de dar la educación superior y técnica profesional al 60% de la juventud, millones de estudiantes, solo por subsidiar con billones de pesos del erario a los amigos políticos, dueños de algunas universidades privadas de garage”, aseguró Petro.

Problemas para la ley en el Senado
La falta de un acuerdo tras el paro nacional de Fecode ocasionó que se presentaran dos ponencias diferentes, generando un ambiente de alta tensión, por ejemplo, el senador del Partido Cambio Radical David Luna junto con Paloma Valencia, Alfredo Deluque del Partido de la U, Germán Blanco y Juan Carlos García del Partido Conservador, anunciaron un acuerdo multipartidista con el Gobierno nacional y la ministra de Educación, Aurora Vergara.
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En esta propuesta, que fue aprobada por unanimidad en la Comisión Primera del Senado el pasado 5 de junio, se incluyen puntos clave como la clarificación del sistema educativo, la autonomía financiera del Sena y la obligatoriedad de la evaluación docente; sin embargo, persisten divergencias en torno a la distribución de recursos educativos por parte del presidente, lo que ha generado desacuerdos significativos.

El senador Ariel Ávila, del Partido Verde, explicó que la resistencia de la bancada gubernamental a aceptar ciertas modificaciones promovidas por la oposición llevó a la decisión de presentar una ponencia independiente. Este grupo defiende la priorización de la financiación de la educación pública y se opone a ciertas reformas que facilitarían la privatización educativa y reestructurarían criterios de evaluación docente basados en pruebas Saber.
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Por su parte, Fecode ha expresado una rotunda oposición al proyecto en su forma actual, llamando a la movilización de todos los sectores sociales en defensa de la educación pública. En varios comunicados, Fecode denunció la mercantilización del sistema educativo y criticó la falta de consulta durante la elaboración del proyecto, resaltando que sus propuestas fueron constantemente ignoradas.
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