Ocho presuntos miembros de la Primera Línea recuperaron la libertad por vencimiento de términos

Un juez de control de Garantías de Neiva dejó en libertad por vencimiento de términos a ocho jóvenes capturados el 28 de abril de 2022, tras ser acusados por la Fiscalía General de la Nación de hacer parte de la de la Primera Línea y cometer graves delitos durante en el estallido social de 2021.

Los presuntos miembros de la Primera Línea estuvieron en prisión durante 2 años, 1 mes y 17 días, tiempo en el que no se llevó a cabo un juicio en su contra.

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Desde el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo celebraron la decisión del juzgado y entregaron más detalles del caso: “Estos jóvenes fueron presentados como peligrosos delincuentes con unos cargos adicionales como terrorismo y secuestro, que posteriormente fueron retirados del escrito de acusación, pero que fueron claves para que duraran todo ese tiempo privados de la libertad”, señaló Así lo confirmó July Henríquez Sampayo, abogada en de Kevin David García y Cristhian Reyes, dos de los jóvenes que se vieron favorecidos con el fallo judicial.

La decisión del juzgado de Neiva se conoce luego de que, a finales de mayo de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá ratificara una condena de 19 años de cárcel contra otros cuatro presuntos miembros de la Primera Línea.

Se trata de Wilson Reinel Moreno, Justo Ernesto Villarraga, Érika Lorena Flórez y Greissy Alexandra Perilla, que enfrentaron cargos por concierto para delinquir, terrorismo, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público.

El fallo con ponencia del magistrado Jaime Andrés Velasco validó las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, en las que interceptaciones telefónicas fueron fundamentales para demostrar la organización y coordinación de los acusados.

Las grabaciones revelaron cómo los acusados planearon y dirigieron el entrenamiento de estudiantes universitarios para infiltrar las protestas de manera violenta. El papel de Flórez Durán fue clave, pues sería el que habría organizado y estructurado el entrenamiento de jóvenes en diversas universidades para tal propósito.

También se destacó una reunión en Soacha entre los acusados y la vinculación de una persona que haría parte de la columna Manuel Marulanda Vélez de la desmovilizada guerrilla de las Farc, lo que sugiere posibles nexos con grupos armados ilegales.

El magistrado Velasco subrayó la diferencia entre la protesta legítima y los actos violentos registrados, argumentando que las acciones de noviembre de 2021 excedieron los límites de la protesta pacífica y resultaron en actos dañinos para la sociedad en general.

“La protesta social es legítima y un derecho fundamental, pero los hechos de noviembre de 2021 no pueden ser considerados simples protestas; se tradujeron en acciones violentas y vandálicas”, puntualizó el togado.

Cabe recordar que, en 2021, varios países de América Latina y el Caribe vivieron manifestaciones y protestas significativas, motivadas por una diversidad de factores socioeconómicos, políticos y culturales. Uno de los eventos más destacados fue el estallido social en Colombia, que comenzó a finales de abril y se prolongó durante varios meses.

Las movilizaciones surgieron inicialmente como respuesta a una propuesta de reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque, la cual fue percibida como perjudicial para las clases medias y bajas.

Dichas protestas escalaron rápidamente, sumando reclamos contra la desigualdad económica, la brutalidad policial y la corrupción. A pesar de que el Ejecutivo retiró la reforma tributaria, las manifestaciones continuaron, reflejando un descontento más amplio con la gestión gubernamental y la situación socioeconómica del país. Según informes, hubo enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes, con denuncias de violaciones a los derechos humanos que terminaron por afectar a la población civil.