“La justicia colombiana le sigue fallando a las víctimas”: denuncia de Heidy Sánchez frente a Chiquita Brands

El Tribunal del Distrito Sur de Florida en Estados Unidos emitió una condena contra Chiquita Brands por financiar a grupos paramilitares en Colombia, lo que se tradujo en responsabilidad por una serie de homicidios cometidos en las regiones de Urabá y Magdalena Medio entre 1997 y 2004. Este fallo representa una victoria significativa para las víctimas que han exigido justicia durante los últimos 17 años. Pero esto también puso en evidencia la inacción de la justicia colombiana, por lo que la concejala Heidy Sánchez hizo un llamado por medio de sus redes sociales.

Chiquita Brands fue encontrada culpable de otorgar hasta 1,7 millones de dólares a grupos paramilitares en Colombia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó esta acción como “moralmente repugnante”. El jurado, después de evaluar las pruebas presentadas, determinó que las víctimas demostraron que sus familiares fueron asesinados durante el período en que la multinacional bananera proporcionaba financiamiento a estos grupos armados ilegales.

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En Colombia, la Comisión de la Verdad documentó detalladamente la relación entre Chiquita Brands y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según el informe “No matarás” de la Comisión, la compañía mantenía una contabilidad precisa de los “pagos por seguridad” destinados al grupo paramilitar a través de un sistema complejo de organizaciones intermediarias. Estos pagos mensuales fueron justificados como gastos de seguridad, aunque en realidad se trataba de financiar la actividad paramilitar que incluía el exterminio de sindicalistas. Los ejecutivos de Chiquita eran plenamente conscientes de la naturaleza de estos pagos y de su conexión directa con Carlos Castaño, un conocido líder paramilitar.

En 2000, una investigación interna de Chiquita confirmó que los pagos a las AUC eran bien conocidos por los funcionarios corporativos. Estos pagos eran revisados y aprobados por altos ejecutivos de la compañía, incluidos gerentes de alto nivel, directores y otros empleados. La empresa sabía no solo de los pagos sino también de la naturaleza violenta de las AUC.

La compañía, que opera en casi 70 naciones con su marca principal y emplea aproximadamente a 18.000 personas, afirmó durante el juicio que los pagos fueron realizados bajo coacción y extorsión; sin embargo, los testimonios de las víctimas y ex altos miembros de las AUC cuestionaron la veracidad de las afirmaciones hechas por la multinacional.

Testimonios de exparamilitares corroboraron la colaboración de la industria bananera con los grupos paramilitares. Hebert Veloza, alias HH, declaró que el exterminio de sindicalistas en los años 90 tenía como objetivo principal evitar las huelgas y facilitar el comercio de banano. Veloza señaló que todas las fincas bananeras en la región colaboraron, incluida Chiquita, Dole, y otras grandes empresas del sector.

Las familias colombianas que demandaron a la empresa en Estados Unidos, según EarthRights, sostienen que entre 1997 y 2004 la compañía financió a las AUC en las regiones de Urabá y Magdalena, lo que resultó en la muerte de civiles.

Heidy Sánchez, concejala de Bogotá y miembro de la coalición del Pacto Histórico, usó sus redes sociales para expresar su descontento con la actuación de la justicia colombiana en este caso. A través de X (antes Twitter), la lideresa política señaló que la justicia colombiana ha fallado a las víctimas de la violencia perpetrada por las AUC al mantenerse en silencio sobre los actos de la compañía.

“Lo que hizo Chiquita Brands, fue pagar para el aniquilamiento del sindicalismo en las zona del Uraba, la justicia colombiana le sigue fallando a las víctimas, su silencio ha sido cómplice de los horrores cometidos en el marco del conflicto (sic)”, publicó Sánchez.

El mensaje de la concejala generó notable atención en redes sociales. Aunque generalmente recibe comentarios de odio y rechazo, solo por apoyar al Gobierno de Gustavo Petro, en esta ocasión obtuvo un amplio respaldo de los usuarios, los cuales señalaron que la justicia colombiana es lenta, poco efectiva y muestra escaso interés en los casos de violencia nacional.