Abogado de las víctimas de Chiquita Brands expuso cómo la multinacional buscó “que este caso se cierre”

En un hecho histórico, el 10 de junio, un juzgado en Florida, Estados Unidos, declaró culpable a la multinacional Chiquita Brands de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1997 y 2004, por lo que tendrán que reparar a las víctimas que dejó el grupo paramilitar en el Urabá.

En este caso, estuvo presente desde que comenzó el litigio Marco Simons, abogado norteamericano que es consejero de Earth Rights International y que ha acompañado a las familias que demandaron a la multinacional en 2007.

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En diálogo con El Tiempo, Simons reveló detalles del caso en el que el juzgado indicó que había pruebas suficientes para relacionar ocho muertes con la entrega de 1.7 millones de dólares por parte de la empresa bananera a las Autodefensas Unidas de Colombia.

En primer lugar, Simons afirmó que la demora de más de 17 años se debió a que los procesos en la corte son demorados, pero también señaló que se registraron dos apelaciones y múltiples estrategias con las que la multinacional buscaba que se cerrara el caso.

“Hemos esperado mucho tiempo para la resolución de varios temas procesales. Es simplemente un proceso legal lento y Chiquita Brands ha tratado repetidas veces de hacer que este caso se cierre y que no llegue al juicio”, indicó el jurista.

Sumado a esto, Simons expuso que el primer abogado de la multinacional terminó convirtiéndose en fiscal general en Estados Unidos, pero aseguró que prefería no hablar sobre el tema y priorizar los juicios que siguen en el proceso en contra de Chiquita Brands.

“Es verdad que el primer abogado de Chiquita Brands, Eric Holder, luego se volvió fiscal General de los Estados Unidos, en la época de Obama. Pero no tengo ninguna razón para creer que esto haya tenido un impacto en el proceso del caso. En el sistema de justicia, de hecho, no tenía ningún rol o capacidad de ralentizar el proceso”, explicó.

Sobre los demás procesos en contra de la multinacional, Simons indicó que espera que las condenas sean similares, recordando que las indemnizaciones millonarias no son algo fuera de lo común en este tipo de casos en los que se busca que las empresas entiendan lo grave que es entrometerse en un conflicto interno.

“Estamos esperando que sigan proveyendo compensaciones que sean suficientes para enviar un mensaje a Chiquita Brands y a otras compañías, de que esencialmente no deben avivar conflictos para hacer negocios. La cuenta social es mucho mayor y el veredicto reflejó eso”, indicó Simons al medio citado.

El jurista destacó que es probable que la empresa busque apelar la sentencia, sumado a esto, recordó que no es la primera vez que esta compañía es señalada por casos de esta índole en Latinoamérica, pero es la primera vez que es obligada a responsabilizarse por ello.

“Sí, es la misma compañía, pero con distinto nombre. Tiene una larga historia en América Latina, incluido Colombia. Ha habido muchas alegaciones de involucramiento en abusos de los derechos humanos y otros crímenes potenciales durante muchos años, en más de un siglo. Yo sé que Chiquita Brands ha sido denunciada en los Estados Unidos por temas relacionados con sus operaciones en América Latina, pero no sé de otros casos que involucren violencia de esta manera. Es la primera vez que Chiquita Brands es responsabilizada en este sentido”, expresó.

Por último, Simons destacó la importancia de este caso, con el que se busca demostrar que las causas de las víctimas del conflicto armado en Colombia no están perdidas.

“Ciertamente, tienen bastante poder y recursos. Pero una de las cosas importantes sobre el sistema de cortes es que muchas veces, cuando funciona bien, las personas de la Colombia rural pueden pararse al mismo nivel. Pueden hacerlo, aunque no hablen inglés y justamente por haber sido sometidos a conflictos, donde tienen poca habilidad de influenciar los eventos alrededor de ellos. Y pueden ganarles a las corporaciones más grandes del mundo”, puntualizó el jurista.