Fiscalía acusa a exfuncionarios de la ANI por interés indebido en los contratos de la Ruta del Sol II

La Fiscalía General de la Nación ha formalizado las acusaciones contra nueve exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Los acusados habrían favorecido al concesionario del proyecto Ruta del Sol II, flexibilizando condiciones técnicas y financieras, en detrimento del Estado.

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Los exfuncionarios involucrados son: Andrés Figueredo Serpa, exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno; Daniel Tenjo Suárez, exgerente de Proyectos Carreteros; Emerson Durán Vargas, exgerente financiero; Jorge Huertas Luna, experto de la vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno; Iván Mauricio Fierro Sánchez, exvicepresidente de Estructuración (e); Francisco Javier Forero Lozano, exasesor financiero; Yasmina del Carmen Corrales Peternina, experta de gestión contractual; David Leonardo Montaño García, profesional experto; y Mauricio Orlando Castro Castaño, exgerente de Riesgos.

El vicefiscal ha destacado la gravedad de los actos imputados, indicando que “estas actuaciones no sólo comprometen el patrimonio del Estado, sino que también afectan la confianza pública en las instituciones encargadas de la infraestructura”.

Por lo anterior, la Fiscalía ha presentado pruebas contundentes que señalan que estos exfuncionarios, en el ejercicio de sus cargos, tramitaron y celebraron varios otrosíes al contrato de concesión 01 de 2010, cuyo objetivo era la construcción del tramo vial denominado Ruta del Sol II.

Los otrosí que consideró el ente acusador son:

• Otrosí 4, firmado el 28 de octubre de 2013, que modificó las condiciones financieras y plazos de ejecución, evitando el cobro de multas al contratista por procesos sancionatorios.
• Otrosí 5 y 8, suscritos el 19 de diciembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2014, permitieron la ejecución de un corredor de acceso a Puerto Boyacá sin las autorizaciones del Confis y Conpes y sin la actualización en el Banco Nacional de Programas y Proyectos de Inversión (BPIN).

“En este otrosí se señala que los costos derivados de los estudios y diseño fase tres de la intersección a desnivel para el acceso al municipio de Puerto Boyacá así como la estructuración financiera y jurídica del proyecto ascienden a la suma de 837 millones 871.000 486 a precios de noviembre de 2013. Ahora el otrosí número ocho del 23 de diciembre de 2014 se acordó ingresar a la subcuenta estudios y obras del patrimonio autónomo fideicomiso Ruta del Sol sector II la suma de 10.330 millones de pesos”, detalló la Fiscalía.

• Otrosí 7, suscrito el 15 de mayo de 2014, que mejoró el flujo de caja del concesionario, privando al Estado de recibir rendimientos financieros.
• Otrosí 9, firmado el 4 de diciembre de 2015, que nuevamente modificó la fórmula de pago reconociendo puentes como estructuras independientes, lo que perjudicó los rendimientos a favor del Estado.
• Otrosí 10, celebrado el 3 de noviembre de 2016, que eliminó la adecuación de senderos peatonales y la rehabilitación de la calzada existente entre Puerto Salgar y Caño Alegre (Cundinamarca), causando un descuento incorrecto al concesionario.

La Fiscalía ha detallado que los exfuncionarios, acorde con sus roles, competencias y cargos, participaron en la elaboración y aprobación de estudios de conveniencia y oportunidad, firmaron y aprobaron las actas de comité que recomendaron suscribir los otrosíes, y proyectaron y aprobaron las adiciones. Todo ello, presuntamente, en beneficio del concesionario, del cual la empresa brasileña Odebrecht era parte.

“Con su actuar y en ejercicio de sus cargos habrían favorecido al Concesionario Ruta del Sol II, flexibilizando las condiciones técnicas – financieras y en detrimento del Estado, ampliando plazos para evitar procesos sancionatorios, modificando la forma de pago pactada, eliminando obras necesarias, entre otras anomalías”, indicó el ente acusador.

En este contexto, el proceso judicial continuará con la recopilación y presentación de más pruebas y testimonios que permitan aclarar aún más las responsabilidades de cada uno de los imputados. Los nombres de los exfuncionarios involucrados han sido divulgados para asegurar la transparencia del proceso y para que la sociedad esté al tanto de los avances en esta investigación.