
El próximo 24 de junio, el senador Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, se presentará a una diligencia de conciliación con la vicepresidenta Francia Márquez.
Esta cita, programada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se debe a la querella presentada por Márquez debido a que, sin fundamento, el senador insinuó que la vicepresidenta estaba implicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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Según el artículo 41 de la Ley 600 de 2000, tanto quien hizo la denuncia como el denunciado deberán comparecer personalmente para efectos de la conciliación. Dado que se trata de un delito menor, que es la calumnia, no se permite la intervención directa de los abogados, aunque estos podrán asesorar a sus clientes durante el proceso para proponer fórmulas de conciliación.
La calumnia, de acuerdo con el artículo 221 del Código Penal, es un delito que recae sobre quien “impute falsamente a otro”. Esta conducta puede incurrir en prisión de de entre poco más de un año y seis años. También comprende la sanción económica de entre 13 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes; lo que a 2024 representa una suma máxima de hasta 1.950 millones de pesos.
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¿Qué fue lo que dijo Jota Pe Hernández sobre la vicepresidenta?

La querella de la vicepresidenta surgió tras una entrevista del senador Hernández con la revista Semana. En ese diálogo, el congresista sugirió que Márquez estaba involucrada en la administración de sobornos destinados a impulsar reformas sociales en el Congreso. Hernández dijo sin pruebas que la persona dentro del Gobierno que estaba a cargo de dichos recursos a la que se refirió Olmedo López, exdirector de la Ungrd, era la vicepresidenta.
Dijo también que de no ser Márquez, era la primera dama, Verónica Alcocer, debido a su cercanía y poder dentro del Gobierno. “Solamente hay dos opciones que se me vienen a la cabeza y que yo, como senador, tengo todo el derecho a preguntar: o es Verónica Alcocer, o es Francia Márquez”, expresó puntualmente.
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Ante estos señalamientos, la vicepresidenta Márquez calificó las acusaciones como “informaciones calumniosas” y anunció acciones legales inmediatas. “No tengo nada que ocultar y si por algo me he caracterizado en la vida es por ser transparente y firme en la lucha contra la corrupción”, declaró Márquez en su cuenta de X, exigiendo una retractación inmediata por parte de Hernández.
En el mismo mensaje, Márquez agregó: “La estrategia de querer minar la credibilidad de nuestro Gobierno es evidente, pero no van a desvirtuar nuestros empeños de seguir trabajando por un mejor país, con igualdad y paz para todas y todos”.

En respuesta, Hernández expresó en sus redes sociales que esperaba ser denunciado y que Márquez cumpliera con su palabra. Y así fue, pues la vicepresidenta sí denunció al senador y ahora deberán asistir a una conciliación.
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El exsubdirector de Gestión de Desastres, Sneyder Pinilla, quien fue el primero en dar más pistas sobre todo el escándalo de corrupción de los carrotanques de agua en La Guajira había dicho inicialmente que los implicados eran:
- El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a quien había mencionado, aunque luego se retractó.
- Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia.
- Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del Gobierno.
Los tres fueron mencionados por Pinilla en su matriz de colaboración relacionada con el escándalo de corrupción de la Ungrd. En particular, Ortiz es señalada como la emisaria encargada de entregar el dinero a Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, a cambio de su apoyo para aprobar las reformas del Gobierno.
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