En una operación conjunta del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se logró la captura de seis presuntos miembros del grupo armado organizado Los Chorotas. Estos arrestos se realizaron tras registros y allanamientos en los municipios de Chaparral, Tolima, y en el departamento de La Guajira.
Los individuos capturados están vinculados a varios homicidios en el país, incluyendo la masacre de una familia en la zona rural de Chaparral, ocurrida el 24 de mayo de 2022 en la vereda Calarcá de Tetuán, del corregimiento Calarma.
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En este suceso murieron cuatro personas, entre ellas dos líderes sociales: Elizabeth Mendoza y Marco Tulio Molina. El crimen también cobró la vida del hijo de Mendoza, Carlos Andrés Molina Mendoza, de 16 años, y de su sobrino, Fabián Bejarano, de 24 años.
“Este resultado operacional logrado por nuestros soldados de la Sexta Brigada del Ejército Nacional es catalogado de alto impacto, ya que permitirá esclarecer algunos hechos ocurridos contra la presidenta de la junta de acción comunal y su familia”, señaló la Sexta Brigada del Ejército, según cita El Espectador.
El Gaula Militar Tolima de la Sexta Brigada del Ejército lideró esta operación junto con la Fiscalía 5.ª Especializada y la Policía Nacional. Según informaron los organismos de seguridad, estas detenciones son resultado de una investigación que se extendió por casi dos años. Los capturados serán procesados por delitos de homicidio, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, y concierto para delinquir.
El Ejército Nacional destacó que este operativo es de “alto impacto” y ayudará a esclarecer crímenes contra líderes comunitarios, como lo indicó la Sexta Brigada del Ejército en un comunicado. Las fuentes subrayan la importancia de esta acción para desmantelar parte del grupo Los Chorotas y prevenir futuros actos de violencia en la región.
Tragedia en Chaparral: Cuatro miembros de una familia asesinados en Tolima
El 25 de mayo del 2022, un trágico evento impactó al municipio de Chaparral, Tolima, cuando cuatro miembros de una familia fueron asesinados en su hogar, ubicado en la vereda Calarcá Tetuán del corregimiento de Calarma. Entre las víctimas se encontraban dos líderes sociales y un menor de edad. Las autoridades aún no han esclarecido los móviles del crimen.
Las víctimas fueron identificadas como Marcos Tulio Molina (51 años), Elizabeth Mendoza, lideresa y presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda, Carlos Andrés Molina (16 años) y Fabián Ricardo Berján (24 años). Según la Blu Radio, algunas versiones sugieren que las víctimas fueron degolladas y una persona incluso fue decapitada, con cuerpos encontrados en las orillas del río Tetuán y dos de ellos aún desaparecidos probablemente después de haber sido arrojados al río.
Las primeras investigaciones de las autoridades proponen que el crimen podría estar relacionado con el robo de ganado, actividad principal de la familia en su finca. No se han registrado amenazas previas contra ellos ni problemas conocidos que pudieran justificar el ataque. El entonces alcalde de Chaparral, Hugo Fernando Arce Hernández, expresó su rechazo hacia este tipo de actos de violencia, especialmente contra líderes sociales que buscan construir comunidad.
El gobernador de Tolima, Ricardo Orozco, exigió el rápido esclarecimiento de los hechos y ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a los responsables. Orozco afirmó: “Con profundo dolor rechazamos el vil crimen de una familia en zona rural de Chaparral. Le pedimos a las autoridades resultados, no podemos seguir permitiendo que esto ocurra en nuestro departamento. Ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información”.
La organización Indepaz señaló que esta masacre es la número 44 en lo que va del 2022, resaltando la alerta temprana 016/19 de la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre el riesgo elevado de vulneración de derechos humanos en municipios como Chaparral, Ataco, Planadas y Río Blanco, donde se han reportado desplazamientos forzados. Asimismo, señalaron que Elizabeth Mendoza es la líder social número 79 asesinada en 2022, sumando un total de 1306 activistas sociales asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han solicitado medidas oportunas para garantizar los derechos humanos de la población, resaltando la ausencia estatal en algunas zonas que facilita la presencia de grupos armados y la extensión de la violencia.
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