
El coronel retirado del Ejército Nacional, Iván Darío Pineda Recuero, enfrentará un juicio por no reconocer su responsabilidad en, por lo menos, 130 asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas en el oriente Antioqueño entre 2002 y 2003.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió remitir el caso del exmilitar a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para decida si acusa al imputado ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, donde se seguiría un proceso adversarial.
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De ser vencido en juicio, Pineda Recuero podría ser condenado hasta con 20 años de cárcel en la justicia ordinaria. La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que el coronel (r) Pineda Recuero es penalmente responsable como autor de homicidio en persona protegida, así como por desaparición forzada, conductas que también constituyen crímenes de lesa humanidad.
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De acuerdo con la imputación proferida en agosto de 2023, los hechos ocurrieron mientras fue comandante del Batallón de Artillería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez’, entre el 17 de enero de 2003 y el 4 de diciembre de 2003. En este periodo, la JEP documentó un patrón criminal y tres modalidades desplegadas en el territorio.
Los hallazgos indican que las víctimas del oriente antioqueño fueron sacadas de sus casas, sus trabajos o fueron interceptadas en los transportes y vías públicas luego de ser señaladas como guerrilleros, milicianos o auxiliadores de la guerrilla, para luego ser asesinados y presentados criminalmente como bajas en combate.
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Luego de ser convocado en múltiples ocasiones a rendir versión voluntaria de los hechos y no comparecer, el coronel (r) Pineda Recuero fue finalmente encontrado por la JEP con la ayuda de la Cancillería y Migración Colombia en el estado de la Florida (Estados Unidos). Desde allí pudo conocer todos los informes y las declaraciones de hombres bajo su mando donde fue mencionado y dio su versión de los hechos, en diligencia virtual.
El 10 de octubre de 2023, el coronel (r) Pineda Recuero remitió una comunicación escrita en la que señaló: “Acorde a los términos establecidos en el auto enunciado, me permito manifestar que no acepto la responsabilidad de las imputaciones que hace la Sala en la citada providencia judicial, por lo cual, asumiré el proceso adversarial”.
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La decisión de remitir a juicio a Pineda Recuero fue adoptada por la magistrada Catalina Diaz, en medio del caso 03 que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. A la fecha, la JEP ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a 102 integrantes de la fuerza pública, un agente del Estado y tres civiles.
De ellos, 92 han reconocido su responsabilidad durante el trámite judicial y los procesos de 12 comparecientes que no han aceptado responsabilidad han sido remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación. Además, tres comparecientes han sido ya acusados por la UIA ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento del tribunal para la paz.
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En el subcaso Antioquia, se ha imputado responsabilidad penal a nueve integrantes del Ejército Nacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Siete imputados reconocieron su responsabilidad por escrito y serán convocados a una audiencia pública con la activa participación de las víctimas.
Por la ruta adversarial, la JEP resuelve los casos de los comparecientes que deciden no aportar verdad ni reconocer su responsabilidad, por los hechos y conductas por los que se le imputa. Este proceso guarda similitud con el de la justicia ordinaria; hay un fiscal que investiga y acusa, así como una defensa.
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En ese sentido, se pueden practicar pruebas y organizar el caso de tal manera que cuando el fiscal lleve ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad el material probatorio que tiene, la defensa también lleva las suyas y se crea una controversia.
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