En la tarde del 16 de mayo, el coronel retirado Élmer Fernández, que se desempeñaba como director de la cárcel La Modelo en Bogotá, fue asesinado.
El incidente ocurrió a las inmediaciones de la carrera 30 con calle 80, en la localidad de Barrios Unidos, en el norte de la ciudad. Augusto Rodríguez, director de la Unión Nacional de Protección (UNP), afirmó que el coronel había recibido amenazas días antes debido a las requisas constantes en el penal.
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A pesar de estas amenazas, el coronel Fernández nunca solicitó protección a la UNP. Según Rodríguez, “Lamentablemente, el coronel Elmer Fernández no había solicitado protección a la Unión Nacional de Protección. Acabo de hablar con el coronel Gutiérrez, el director del INPEC, quien me comentó que sí había habido amenazas contra el coronel Fernández”.
Estos comentarios fueron hechos tras una conversación con el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el coronel Gutiérrez, quien confirmó la existencia de dichas amenazas.
El asesinato del coronel Fernández ha suscitado múltiples interrogantes sobre las medidas de seguridad y la percepción de riesgo de los funcionarios penitenciarios.
Según lo reportado, uno de los panfletos intimidantes fue dejado en la entrada de La Modelo, advirtiendo al coronel sobre un posible atentado contra su vida o la de su familia si se realizaban ciertos traslados de reclusos.
Rodríguez explicó que, pese a que las amenazas fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía, el coronel Fernández nunca solicitó protección porque no las consideró serias. “Él puso en conocimiento de la Fiscalía esas amenazas, pero no solicitó protección”, agregó Rodríguez.
Otra cuestión relevante es que el vehículo del coronel Fernández no tenía blindaje, lo cual podría haber incrementado su vulnerabilidad. Según las declaraciones del director del Inpec, Gutiérrez, “sí había habido amenazas contra el coronel Fernández”, pero este no estimó necesario pedir apoyo adicional para su seguridad.
El ministro lo contradijo
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció en medio d una rueda de prensa que el coronel Élmer Fernández sí había solicitado protección ante la UNP debido a una amenaza que recibió una semana antes de su homicidio. Sin embargo, según afirmó el jefe de cartera, el proceso de asignación de dicha protección se había retardado considerablemente.
Osuna detalló que el coronel Fernández recibió la amenaza el jueves anterior, presentó la denuncia ante la Fiscalía el viernes, y el martes de la semana actual realizó la solicitud de protección ante el Inpec, cumpliendo así con el procedimiento habitual.
“En un procedimiento regular, eso tarda varias semanas. Es un procedimiento que tendremos que aligerar y revisar con carácter general”, subrayó el ministro, apuntando la necesidad de revisar y acelerar estos trámites.
Uno de los puntos críticos señalados por Osuna fue la necesidad urgente de implementar medidas que eviten situaciones similares en el futuro. “Hay que reforzar la protección a los cargos del Inpec en especial riesgo, así no haya amenazas, y a las amenazas, darles un trámite más rápido en esas medidas de protección”, indicó.
El ministro también proporcionó estadísticas alarmantes: en los últimos dos años se han reportado un total de 506 amenazas en el Inpec, incluyendo 27 provenientes de directores de cárceles. De estas amenazas, 263 están actualmente en trámite y, según Osuna, hay 63 esquemas de seguridad ya asignados. “Estos números reflejan la urgencia de revisar y mejorar nuestros protocolos de protección”, añadió.
Néstor Osuna concluyó subrayando la importancia de agilizar los procedimientos de seguridad para evitar que los altos cargos del Inpec queden vulnerables por largos períodos de tiempo. “Es primordial que podamos brindar una protección oportuna y eficaz para garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en situaciones de riesgo elevado”, finalizó.
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