Caso Álvaro Uribe: defensa pidió nulidad por violación al debido proceso

Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe, que lo representa en el proceso que se lleva a cabo en su contra por fraude procesal y soborno a testigos, pidió en la audiencia de acusación contra el exmandatario la nulidad del proceso por una aparente violación al debido proceso. El apoderado argumentó que no es claro de qué se está defendiendo el expresidente.

“En el caso concreto, que es lo que nos lleva a esta petición de nulidad, su señoría, es si en la indagatoria específica de Álvaro Uribe Vélez, en ese momento senador de la República, cumplió o no con los estándares de una formulación de imputación, que permita adecuadamente entenderse válidamente acusado conforme a ese plexo que se une con el escrito de acusación para que, efectivamente, se respete el debido proceso”, indicó Granados.

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De acuerdo con el abogado, no existe una verdadera formulación de imputación. “Aun si se le diera un culto extremo a la formalidad y se entendiera que hubo imputación para los sujetos que interesa, de todas maneras, esa imputación, hecha de unas características particulares ya vistas, no cumple con los requisitos mínimos que permitan válidamente llevar a una acusación y con miras a un efecto ejercicio del debido proceso de cara a lo que es el juicio oral”, esgrimió Granados.

Cabe resaltar que la Fiscalía General de la Nación añadió un tercer delito en el escrito de acusación: el soborno. Esto, al considerar que Álvaro Uribe habría sido “determinador del delito de soborno, ejecutado en las circunstancias detalladas atrás, por intermedio de Diego Javier Cadena Ramírez, sobre la testigo Hilda Jeaneth Niño Farfán”, según detalló el fiscal del caso, Gilberto Villarreal.

Así las cosas, el apoderado de Uribe aseguró que se está “ante una imputación gaseosa” que impide un correcto ejercicio de la defensa, puesto que, al parecer, no se hizo un relato “claro y sucinto” de los hechos considerados “jurídicamente relevantes”. Incluso, calificó la situación como un “Frankenstein jurídico”, puesto que lo que ha tenido que hacer la defensa es tratar de buscar, “bucear”, para encontrar los cargos en la indagatoria y en una providencia emitida posteriormente.

Teniendo en cuenta eso, el abogado indicó que la etapa procesal actual es la indicada para revisar las posibles equivocaciones y solucionar para evitar problemas futuros. “Si materialmente no hubo imputación, pues, por supuesto, que no puede haber acusación, su señoría, y lo que corresponde cuando se advierte algo así es, justamente, para sanear el proceso y además, evitar desgastes innecesarios y nulidades futuras, terminar por volver las cosas al estado que correspondan para que la Fiscalía, que es a quien le corresponde, que ejerce ese monopolio de la acción penal, pueda hacer ese juicio de imputación correcto”, precisó el abogado.

Luego de dar sus explicaciones, el abogado solicitó dar por terminada la audiencia por el momento, puesto que el expresidente Uribe no podía permanecer presente. En ese sentido, pidió que en la siguiente fecha pactada para continuar con el proceso se pudiera “culminar la postulación de nulidad”. La jueza negó su petición y permitió un receso.

Luego del receso, el abogado profundizó en la falta de claridad de lo imputado a Álvaro Uribe, siendo esto la base para sustentar la nulidad. “Por eso, elevo ante usted la petición de nulidad (sic), para que usted deje sin efecto lo decidido en el auto del 6 de noviembre de 2020 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito”, precisó.

El exmandatario se pronunció antes de la audiencia, asegurando, nuevamente, que es inocente de los cargos por los cuales se le están investigando. “A la ciudadanía, antes de empezar el juicio: parece que las garantías no se aplican para mí, negaron a mis abogados la existencia del proceso. Sin embargo, en Bogotá decían a periodistas y políticos que tenían todo listo para encarcelar. Era la campaña electoral de 2018, le comunicaron el proceso llamándome a indagatoria, no me permitieron versión libre (sic) me negaron la presunción de inocencia, el derecho a defenderme en libertad, si no conocían o no creían en mis antecedentes de persona de bien, por lo menos debieron observar mi comportamiento durante esos 25 meses: no he sido peligro para la sociedad”, dijo.