Colpensiones no está preparada para implementar un nuevo modelo pensional, aseguró la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación ha emitido un llamado de atención a los principales entes gestores del sistema de pensiones en el país, específicamente a Jaime Dussán Calderón, presidente de Colpensiones, y a César Ferrari, Superintendente Financiero.

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El organismo de control demandó explicaciones sobre el manejo de los riesgos operacionales y problemas asociados a la seguridad digital, derivados de la falta de actualización en el soporte, mantenimiento y actualización de software.

Este requerimiento destaca la importancia de contar con procedimientos eficientes y seguros en la gestión de las pensiones de millones de ciudadanos, las cuales comprenderían desde el servicio al cliente hasta el manejo de pagos y asuntos legales y médicos, pasando por el reconocimiento de derechos de pensión y la gestión de registros laborales.

La preocupación surge tras identificar que varios de estos procesos pueden estar desactualizados, según lo indican informes de la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social.

La falta de renovación del sistema podría no solo incrementar el riesgo de fraudes y disminuir la eficiencia de los servicios prestados a los pensionados, sino también comprometer la seguridad de la información y datos procesados por Colpensiones. Adicionalmente, la Procuraduría señaló que Colpensiones no cumple con las condiciones técnicas ni administrativas necesarias.

“Se enfatiza que Colpensiones no está técnica ni administrativamente preparada para implementar un nuevo modelo pensional, según lo planeado”.

El panorama de la reforma pensional

El proyecto de reforma pensional impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado un amplio debate, especialmente en lo que respecta al papel del Banco de la República en la administración de un nuevo fondo de ahorro pensional. A pesar de las discusiones, aún persiste una falta de claridad sobre cómo se desempeñaría exactamente esta entidad en el proceso. En respuesta a las inquietudes generadas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, adelantó que el Banco de la República enviará una carta al Congreso aclarando que no se encargará de la recolección de las cotizaciones pensionales ni del pago de las pensiones a los ciudadanos.

La confusión surgió después de que en el Senado se propusiera transferir los ahorros pensionales privados a un fondo administrado por el Banco de la República. Sin embargo, Leonardo Villar, gerente general del Banco, señaló que la junta directiva aún está evaluando la viabilidad de esta propuesta y cómo se alinea con su función constitucional como agente fiscal del gobierno nacional. Villar enfatizó que, aunque el banco busca maximizar la rentabilidad de los recursos que administra, no puede garantizar resultados específicos, como el monto de las pensiones futuras.

Villar también subrayó una discrepancia entre la propuesta debatida en el Senado y la posición oficial del gobierno, indicando que aún no ha habido un aval explícito del gobierno hacia la propuesta. Esta situación genera incertidumbre sobre cómo se integraría esta nueva función con las operaciones actuales del Banco de la República.

Además, se sugiere la posibilidad de que el Banco del República delegue la administración del fondo a entidades especializadas, de manera similar a cómo actualmente gestiona otros fondos con implicancias macroeconómicas, lo que requeriría decisiones importantes que van más allá de las capacidades de un simple administrador.

Por otro lado, fuentes cercanas al Congreso indicaron que la operativa de recaudación de cotizaciones no experimentará cambios significativos, y que la Plataforma de Información Laboral (PILA) continuará siendo la entidad recaudadora. Posteriormente, Colpensiones transferirá los fondos al Banco de la República, que los gestionará a través de las Cuentas de Depósito (CUD), devolviéndolos luego a Colpensiones con los rendimientos generados para el pago de las pensiones. Esto aclara que el rol del Banco se limitará a la administración de los recursos de ahorro, sin intervenir en la recaudación, liquidación o pago directo de las pensiones.