Se confirmaron nuevos implicados en el presunto caso de corrupción que enreda a la Ungrd. El lunes 13 de mayo, la Procuraduría notificó que abrió investigación disciplinaria preliminar tanto al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, como al actual director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Luis Eduardo Llinás.
Según la entidad de control, ambos funcionarios (López y Llinás) podrían estar implicados en supuestas prácticas indebidas relacionadas con tráfico de influencias y posibles irregularidades en procesos de contratación.
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La apertura de esta investigación responde a denuncias presentadas ante la entidad, que señalan presuntas conductas impropias por parte de López y Llinás durante sus respectivos cargos públicos. Vale la pena mencionar que el pasado 9 de mayo Blu Radio se había anticipado a que esta investigación se abriría.
Son dos contrataciones las que generan dudas sobre su transparencia. Una de ellas está relacionada con la firma de contratos para servicios profesionales de la Ungrd suscritos con Regina Isabel López Burgos; la otra persona implicada es José Ignacio Llinás Chica.
El Ministerio Público ordenó “la práctica de pruebas documentales que incluyen, entre otras, la solicitud de los estudios previos elaborados por la Ungrd” para esos contratos, así como los informes de las acciones ejecutadas por los contratistas.
¿Cuáles son las pruebas que justifican la apertura de la investigación?
Olmedo López, exdirector de la Ungrd, que está buscando un principio de oportunidad con la Fiscalía para obtener inmunidad, admitió que Regina López, prima de Nicolás Petro, firmó un contrato por 144 millones de pesos, supuestamente recomendada por el director de la Uiaf.
Sobre esa contratación, López explicó en una entrevista con Blu Radio que la vinculación de Regina Isabel López Burgos se realizó a través de la recomendación del actual director de la Uiaf, debido a la necesidad de conformar un equipo para trabajar en La Mojana. Al parecer, requerían a una persona que conociera los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar para poder atender esa situación. En este sentido, dijo López, fue Llinás que le sugirió el nombre de la prima de Nicolás Petro.
Hace una semana el dique Care’gato en La Mojana se rompió, así que las familias están en riesgo de inundación, nuevamente. La Ungrd debía encargarse de que no ocurriera algo como tal, debido a que en 2021 la emergencia por inundación fue devastadora para la economía local.
Algo similar ocurrió en el caso de José Ignacio Llinás, hermano del director de la Uiaf, Luis Eduardo Llinás, quien fue en un momento el cuarto contratista con los honorarios más altos en la Ungrd. En cuanto a José Ignacio Llinás Chica, López dijo al medio referido que lo conoció durante recorridos en Antioquia en 2018, en medio de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Vale la pena mencionar que cuando Olmedo López regresó de su tiempo de suspensión reconoció públicamente que había contratado con la prima de Nicolás Petro debido a “una recomendación” de un conocido del hijo del presidente.
Con esta investigación disciplinaria, la Procuraduría busca determinar la regularidad de las conductas mencionadas, así como determinar si constituyen una falta disciplinaria o si están justificadas por alguna causal de exoneración de responsabilidad.
Olmedo López fue sido suspendido por la Contraloría mientras era director de la Ungrd
La falta de atención de Olmedo López en Piojó (Atlántico) resultó en su suspensión por un mes, por parte de la Contraloría General. El 5 de diciembre de 2023 se notificó y tres semanas después el Gobierno cumplió la orden. De acuerdo con la entidad de control, la suspensión se justificó en su incumplimiento de compromisos con las familias afectadas.
La Ungrd no habría efectuado una respuesta eficaz a los requerimientos de intervención en Mocoa, Putumayo y Piojó. Para entonces, López no asistió a las audiencias de seguimiento y rendición de cuentas.
Es importante señalar que en septiembre de 2023 se había anunciado un proyecto de reubicación en un terreno de 14 hectáreas para las 250 familias damnificadas por las lluvias desde 2022. Sin embargo, esta iniciativa se detuvo abruptamente y, desde entonces, las víctimas del desastre natural no han recibido información sobre su eventual reubicación.
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