Alerta por asesinatos de profesores pertenecientes a sindicatos

Los profesores en el territorio nacional tienen que vivir situaciones de riesgo, no solo por el lugar donde prestan su servicio como educadores, sino por pertenecer a sindicatos e intentar trabajar por su gremio o por la comunidad.

Lamentablemente, durante 2024 se han registrado diferentes casos de amenazas en contra de docentes, por parte de miembros de los grupos armados ilegales que se encargan de amedrentar a los pobladores de las zonas apartadas con el fin de imponer su “ley”.

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“El 63% de los asesinatos contra sindicalistas en el mundo ocurren en Colombia”, resaltó la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) el 6 de mayo.

Incluso, ya se tiene el reporte de cinco educadores que han sido asesinados durante 2024 en zonas pertenecientes al área del Caribe, donde se cuenta con presencia de grupos armados y bandas criminales que no están de acuerdo con su labor.

La última víctima de este creciente ciclo de violencia fue Roberto Mejía, un profesor que era reconocido en su comunidad por tener un rol de apoyo. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el educador fue brutalmente asesinado en el momento en el que se encontraba en su residencia el 26 de marzo, en la localidad de Juan y Medio, una vereda situada en la parte rural al sur de Riohacha.

Cuatro sujetos con armas y rostros ocultos entraron a su hogar de forma violenta y se fueron a buscar al docente hasta su habitación, de donde lo sacaron y lo asesinaron a tiros en el patio de la vivienda. Aunque este no es el único fallecido, pues los otros docentes que murieron por ataques de este tipo son:

• Guillermo Otero, miembro del sindicato de educadores del Magdalena (Edumag).
• Eliécer Guevara, sindicalista de Aducesar.
• Efrén de Jesús Zapata Elorza, de Ademacor,.
• Luis Alfredo Leones, miembro de Sudeb.

Todos tienen una característica en común y es que pertenecen a sindicatos, por lo que las autoridades se encuentran en alerta y adelantando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los criminales que están a cargo de los ataques.

Este tipo de actos en contra de los líderes educativos y sociales se han intensificado en medio de las tensiones entre grupos armados ilegales que operan en la región, poniendo en jaque a la comunidad docente que frecuentemente sobresale por su participación activa en asuntos sociales y sindicales.

La muerte de Mejía se convirtió en la insignia de un trágico recordatorio de los riesgos que corren estos profesionales en áreas donde la presencia de dichos grupos es dominante y las disputas por el control territorial continúan.

Además de resaltar el peligro latente para los profesionales de la educación en estas zonas, este incidente pone de manifiesto la necesidad imperante de implementar medidas de seguridad más rigurosas y políticas de protección para los trabajadores del sector educativo, especialmente aquellos involucrados en movimientos sindicales y actividades comunitarias.

La solidaridad entre colegas y comunidades en torno a estos casos ha sido fundamental, así como el llamado a la acción por parte de entidades gubernamentales y organizaciones internacionales, lo que podría ser vital para preservar la integridad y la vida de estos individuos.

La situación de los profesores en Colombia, especialmente los que ejercen en áreas rurales afectadas por conflictos, continúa generando preocupación en diversos sectores, incluyendo organizaciones de derechos humanos que han denunciado reiteradamente la violencia dirigida hacia líderes sociales y educadores.

El llamado de la comunidad recientemente para pedir apoyo de las autoridades en estos hechos recuerda una vez más la importancia de abordar la violencia en los territorios afectados, así como de garantizar un ambiente seguro para que los educadores puedan desempeñar su crucial función sin temor a represalias.