Explotación sexual infantil en Bogotá: concejal habilitó correo electrónico para recibir denuncias

Como preocupante, así podría resumirse la situación sobre el abuso infantil enfocado en la prostitución en el país. En especial en Bogotá, ante la alarmante situación de explotación sexual de menores en áreas de la ciudad, especialmente en la localidad de Santa Fe. Este problema, que se ha agravado con el tiempo, encendió las alarmas sobre una problemática que parece expandirse sin límites y que sigue afectando a un número creciente de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de este flagelo.

La situación en esta zona de la capital, ha llamado la atención tanto de la comunidad como de las autoridades, que ha comenzado a tomar medidas para enfrentar esta problemática. Las intervenciones en barrios cercanos, como San Bernardo, en donde se desmantelaron varios puntos de microtráfico, parecen ser insuficientes para la administración local en pro de combatir no solo la prostitución, también otros delitos asociados que afectan el bienestar de los menores.

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Cifras presentadas por el concejal Julián Rodríguez Sastoque, tomadas de la Fiscalía General de la Nación y replicadas por la revista Semana, hablan que, entre 2016 y 2024, en la ciudad se registraron cerca 2.924 casos de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes, que dejaron más de 2.780 víctimas. De ellos, se han registro 116 en el primer trimestre del año, frente a los 285 en 2023.

Por su parte, el cabildante Óscar Ramírez Vahos visitó las zonas más afectadas junto a su equipo y recopiló evidencia directa sobre la magnitud del problema. Según Vahos, “la falta de presencia de autoridades en estas áreas ha contribuido a la expansión de esta actividad ilícita”, con lo que ponen de manifiesto la necesidad de una acción más firme y coordinada por parte de los Gobiernos local y nacional en pro de encontrar mecanismos que permitan combatir esta problemática.

Es por esto que el concejal habilitó un correo electrónico para recibir las denuncias en este caso. “Haremos estricta vigilancia y seguimiento a las actuaciones institucionales que lleven a tener justicia para nuestros niños y el debido castigo para quienes hacen parte de esta perversa cadena criminal”, indicó Ramírez Vahos, que dispuso del correo vahosdenuncia@gmail.com para quienes quieran exponer los casos que se registran en diferentes sectores de Bogotá.

Icbf expuso grave incremento en casos de prostitución infantil

En medio de una situación de vulnerabilidad, son las mujeres las que terminan siendo víctimas de redes de prostitución infantil. Los datos reportados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y divulgadas por Noticias RCN indican que, entre 2020 y 2023, un total de 1.264 menores han sido parte en el territorio nacional de procesos de restablecimiento de derechos tras ser identificados como víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual.

En este registro, paralelo al de la Fiscalía, Bogotá lidera esta estadística con 224 casos, seguido de Antioquia con 172, Valle del Cauca con 119, Caldas con 97 y Bolívar con 94. Estas cifras no solo reflejan la gravedad del problema, sino que también sugerirían un alto subregistro, ya que en algunos casos no llegan a ser denunciados.

Debido a que la comunidad es testigo de cómo los menores son expuestos a todo tipo de estupefacientes en el contexto de esta explotación, el concejal exigió un compromiso más profundo para erradicar este mal. De este modo, se planteó un llamado urgente a todas las instancias gubernamentales y a la sociedad en general para unir fuerzas contra la explotación sexual infantil, en una lucha que, en su concepto, debe ser prioritaria en la agenda de seguridad y bienestar de la ciudad.

Para Vahos es claro que las acciones tomadas hasta ahora, si bien representan pasos en la dirección correcta, deben ser acompañadas por políticas más robustas y una fiscalización más estricta para garantizar la protección de los más vulnerables. Además, es fundamental trabajar en la creación de programas de prevención y atención que ayuden a las víctimas a reconstruir sus vidas, al mismo tiempo que se persigue con todo el peso de la ley a los responsables de estos crímenes.