Por el asesinato de Carlos Pizarro, Fiscalía ordenó la captura del coronel de la Policía Manuel González

En un importante avance en la investigación de uno de los crímenes políticos más resonantes en la historia Colombia, se anunció por parte de la Fiscalía que el exdirector de Protección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Manuel Antonio González Henríquez, fue vinculado formalmente como presunto responsable en el homicidio del excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez.

Según informó la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, González Henríquez presuntamente facilitó la ejecución de este crimen al modificar de manera imprevista el esquema de seguridad de Pizarro, lo que ocurrió el 26 de abril de 1990 durante un vuelo de Bogotá a Barranquilla.

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Este hecho ha marcado un hito en la historia colombiana, no solo por la pérdida de un líder político, sino por las repercusiones que ha tenido en la lucha contra la impunidad de crímenes de alto perfil.

González Henríquez, coronel en retiro de la Policía Nacional, estuvo a cargo de la coordinación de los esquemas de protección de candidatos presidenciales entre 1989 y 1990, altos funcionarios del Estado y otras personalidades públicas.

Durante su gestión, “realizó cambios y rotaciones imprevistas del personal de seguridad del dirigente político”, lo cual, según las investigaciones, “facilitó el actuar del sicario y el cumplimiento del plan criminal”, según lo indicado por comunicado emitido el 3 de mayo de 2024.

La medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia ha sido dictada en su contra, en atención a lo previsto en la Ley 600 (anterior Sistema Penal) y los cargos que se le imputaron fueron homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la información provista por la fiscalía, la participación de González Henríquez en este delito no solo compromete la seguridad del Estado, sino que también refleja las vulnerabilidades existentes en los sistemas de protección de figuras públicas en momentos críticos de la historia política del país.

El asesinato de Carlos Pizarro Leongómez no solo fue un golpe a la democracia colombiana, sino que también abrió interrogantes sobre la efectividad y la lealtad de aquellos encargados de garantizar la seguridad de los candidatos presidenciales.

La detención de Manuel Antonio González Henríquez marca un importante paso en el esclarecimiento de uno de los asesinatos políticos más impactantes de finales del siglo XX en Colombia.

La expectativa ahora se centra en el avance del proceso judicial y en las posibles revelaciones que puedan surgir en torno a este y otros casos similares que han marcado la reciente historia del país.

Con el desarrollo de este caso, se espera no solo hacer justicia sino también fortalecer los mecanismos de protección y seguridad para líderes políticos en Colombia, asegurando que tragedias como la de Carlos Pizarro Leongómez no se repitan.

El magnicidio de Carlos Pizarro

Carlos Pizarro Leongómez, líder del grupo guerrillero M-19, fue asesinado en el marco del proceso de paz que se llevaba a cabo entre el gobierno colombiano y el M-19. Pizarro había dejado las armas y se postulaba como candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19.

El crimen ocurrió cuando un hombre, identificado luego como Carlos Castaño Gil, disfrazado de sacerdote, abrió fuego contra Pizarro a bordo del avión. A pesar de los intentos de protección, Pizarro fue alcanzado por varios disparos y murió en el acto. Tras cometer el homicidio, el asesino intentó suicidarse después del ataque pero sobrevivió y fue detenido.

La investigación del asesinato reveló una compleja trama detrás del crimen, involucrando a narcotraficantes y sectores de la extrema derecha colombiana, opuestos al proceso de paz y a la inclusión del M-19 en la política convencional colombiana, todo esto dentro de un contexto de violencia política que se vivía en ese momento en el país, caracterizado por el asesinato de varios líderes políticos y sociales.

La muerte de Pizarro marcó un punto crítico en el proceso de paz colombiano, evidenciando los profundos retos y amenazas a los que se enfrentaban aquellos que buscaban una solución negociada al conflicto armado del país. A pesar de este trágico evento, el M-19 continuó su transición de grupo armado a partido político, jugando un papel importante en la política colombiana.

Varios de los crímenes ocurridos durante este periodo en Colombia aún siguen sin ser resueltos, y se espera que con esta decisión se pueda seguir con la reconstrucción de varios episodios que mancharon de sangre la historia política del país.