La crisis de hacinamiento en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Bogotá no es nueva y en 2024 ha alcanzado niveles críticos. Una queja de la Personería de la ciudad ha vuelto a poner el tema en el tintero, inclusive, luego de que en 2023 la Corte Constitucional realizara inspecciones en centros de detención de la ciudad.
La información más reciente que publicó la institución indica que, en términos generales, el hacinamiento ha superado el 158,6% de su capacidad, según reveló el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco. Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de aplicar medidas para aliviar las condiciones de más de 3.174 individuos retenidos en espacios diseñados para 1.227.
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Esta circunstancia ha planteado serios cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia en el sistema carcelario de la ciudad, dejando en entredicho la gestión de estos puntos de detención de las personas que no han sido enviadas a centros penitenciarios.
En primer término, el personero destacó varios puntos que han llevado al desbordado índice de hacinamiento. Uno de ellos es que en las estaciones de Policía hay una sobreocupación del 203%, que se traduce en cifras de hacinamiento de casos extremos como Usaquén (750%), seguido por Kennedy y Bosa, con porcentajes que ascienden a 517% y 511%, respectivamente. Estas cifras exponen una realidad muy desalentadora para los detenidos, que enfrentan condiciones inadecuadas.
Hay personas condenadas a cárcel que siguen en estaciones y URI
Además de las estadísticas más visibles, se esconden hechos como el de 555 de los retenidos que, de hecho, son convictos, los cuales, según el marco legal vigente, deberían ser trasladados a instalaciones penitenciarias en virtud del cumplimiento de sus penas. El comunicado de la Personería denunció que algunos “presos” llevan casi cuatro años en condiciones destinadas solo a retenciones breves que, según la normativa, no deberían pasar de las 36 horas.
La confusión de los procesos es tal que la entidad también denunció que hay 53 personas que, según su proceso, cuentan ya con detención domiciliaria, y que no han sido llevados a su lugar de residencia para cumplir el castigo.
Las serias deficiencias con los detenidos
Las quejas recibidas por la misma Personería entre 2023 y 2024 evidencian múltiples violaciones a los derechos básicos de los detenidos en cuanto a alimentación, salud y asuntos concernientes a la comunicación en favor del acceso a la justicia.
Informes sobre el suministro de “raciones de comida en mal estado” denuncian no solo el dilapidado estado de los alimentos, sino “que llegan tarde, incompletas, sin la calidad o estándares mínimos de higiene, incumpliendo la minuta, es decir, el menú básico establecido en el contrato con el Uspec”.
De esa misma manera se reporta que la atención médica es deficiente. “La atención en salud es precaria. La posibilidad de asistir a una cita médica, reclamar medicamentos o tener atención oportuna es escasa, se debe contar con la autorización del juez y la logística para su traslado es complicada y en caso de una urgencia la atención no llega oportunamente”, alegó la institución.
Ahora bien, frente al acceso a la justicia, ponen de relieve la gravedad de la situación con respecto a las dificultades que tienen los detenidos de acudir a sus obligaciones judiciales como, por ejemplo, que no tienen internet.
“Los privados de la libertad en las estaciones de Policía tampoco pueden acudir a las audiencias ante las autoridades judiciales por falta de conexión a internet, en algunas ocasiones los agentes de Policía prestan sus celulares para que desde allí puedan asistir, con las dificultades que eso implica, situación que deniega el acceso a la justicia de los acusados y las víctimas”, es otro de los puntos de la queja.
Frente a este panorama, la Corte Constitucional extendió en 2022 el Estado de Cosas Inconstitucional declarado sobre los centros de detención transitoria, como respuesta a la “violación masiva y generalizada de derechos”. Emitió 29 órdenes para abordar la crisis, pero se habría notado la falla del sistema en implementar soluciones efectivas.
El llamado es claro desde la Personería de Bogotá, que insta al Ministerio de Justicia y al Inpec tomar cartas en el asunto y aliviar la sobrepoblación trasladando a los convictos a instalaciones adecuadas, así como devolver a sus hogares a aquellos con medidas de detención domiciliaria.
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