
En la tarde del martes 30 de abril de 2024, se conoció que el proceso judicial en contra de Óscar Iván Zuluaga y su hijo, David Zuluaga, por supuestos actos de financiación irregular durante la campaña presidencial de 2014, presuntamente relacionados con el conglomerado brasileño Odebrecht, continuará su curso.
Así lo confirmó la jueza segunda especializada de Bogotá luego de seis meses de discusiones desde el momento en el que la Fiscalía General de la Nación presentó la acusación en contra de los implicados.
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La Fiscalía acusó al ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga de los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito, mientras que su hijo David Zuluaga se tendrá que defender del cargo de fraude procesal. Luego de ser presentados ante un juez, la defensa liderada por el abogado penalista David Espinosa Acuña, solicitó la anulación del proceso, argumentando falta de claridad y omisión de detalles críticos por parte de la Fiscalía.
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Pero, con la decisión del 30 de abril, dicha solicitud de la defensa fue desestimada por la jueza encargada del caso, que descartó los argumentos, señalando que se cumplieron adecuadamente todos los requisitos legales durante la audiencia de imputación de cargos realizada en julio de 2023.
La decisión de la jueza enfatizó que “la Fiscalía cumplió con las exigencias mínimas y se sustentaron los elementos fácticos y ello fue suficiente para que entendieran los hechos que les atribuían”, confirmando así la continuidad del proceso, aunque la defensa de los Zuluaga, no satisfecha con el fallo, apeló la decisión buscando así su revisión por parte del Tribunal Superior de Bogotá.
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“La Fiscalía cumplió con las exigencias mínimas y se sustentaron los elementos fácticos y ello fue suficiente para que entendieran los hechos que les atribuían y la juez de control de garantías también cumplió con el papel que le ordenaba la ley”, se lee en el documento.
Desde el inicio del caso se generó la polémica dado que la defensa acusó al ente investigador de no ofrecer una “determinación clara de los hechos jurídicamente relevantes”, lo que habría vulnerado gravemente los derechos fundamentales de los procesados.
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Dicha tesis fue rechazada por la jueza, quien sostuvo que, durante la imputación de cargos, se empleó un lenguaje claro y conciso, facilitando la comprensión de las acusaciones por parte de Óscar Iván y David Zuluaga, incluso, la juez aseguró que los imputados “manifestaron entender el acto de comunicación de la imputación efectuada por la Fiscalía tras conversar con su abogado de confianza”.
Es menester acotar que a lo largo del proceso, el debate legal ha estado marcado por intentos de la defensa por cambiar el curso del juicio, incluso a través de tutelas, buscando una reasignación de juzgado, en ese sentido, el abogado Espinosa aseguró que: “La omisión de la Fiscalía debió haber sido corregida por el juez de garantías al no impartirle legalidad, si no fuese la nulidad tendríamos otros caminos y, por supuesto, esta defensa no estaría haciendo una solicitud tan severa y trascendental como la que está haciendo en este momento”.
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Pero la persistencia de la Fiscalía en demostrar la culpabilidad de los Zuluaga ha dado lugar a la presentación de pruebas como audios que evidenciarían que Óscar Iván Zuluaga tenía conocimiento y aprobación de la financiación ilícita de su campaña por parte de Odebrecht, acusaciones que el mismo ha negado.

Estos audios fueron entregados a la Fiscalía por Daniel García Arizabaleta, que en 2014 fungía como funcionario del gobierno de Álvaro Uribe y mantenía una amistad cercana con Óscar Iván Zuluaga, producto de varias reuniones que ambos tuvieron en Bogotá.
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