Medimás EPS y Century Farma fueron sancionadas por la Contraloría: se habrían perdido más de $80 mil millones

La Contraloría General de la República ha resuelto un fallo de responsabilidad fiscal por un valor de 89.828 millones de pesos en contra de Medimás EPS S.A.S., en proceso de liquidación, y Century Farma S.A.S., también en liquidación, por el manejo inadecuado de fondos destinados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En este veredicto, emitido por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría, se han implicado a siete directivos de Medimás, entre ellos, dos presidentes y varios vicepresidentes, acusándolos de contribuir a un detrimento patrimonial significativo a través de una serie de irregularidades financieras.

Las anomalías detectadas incluyen la aprobación y desembolso de anticipos a contratistas con precarias estructuras financieras, que suman la cuantía de 85.656 millones de pesos que finalmente no fueron reembolsados ni justificados adecuadamente. Además, se identificaron pagos indebidos de multas y servicios médicos a personas ya fallecidas, que ascendieron a 4.106 millones de pesos y 65 millones de pesos, respectivamente, lo cual, según la entidad, evidencia una gestión fiscal irresponsable con recursos del SGSSS.

Las responsabilidades no solo recaen en Medimás EPS S.A.S. y Century Farma S.A.S. sino también en personal clave de la época investigada, que comprende desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2020. Se destaca que tanto los directivos implicados como las empresas tienen la opción de presentar recursos correspondientes para apelar la decisión.

“Entre las irregularidades que dieron lugar a este fallo con responsabilidad por parte de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General, están:

• Aprobación y pago de anticipos a empresas contratistas con débiles estructuras financieras y/o en procesos de liquidación en curso, que finalmente no fueron amortizados o legalizados, en cuantía indexada de $85.656.905.945.
• Multas pagadas con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en cuantía indexada de $4.106.500.292.
• Pago de servicios médicos a personas fallecidas (en el periodo auditado 01-01-2018 a 30-06-2019 y 01-07-2019 a 30-06-2020), en cuantía indexada de $65.111.318″, se lee en el comunicado emitido por la entidad.

La Contraloría enfatiza la gravedad de la situación al argumentar que “la aprobación y pago de anticipos a empresas con débiles estructuras financieras y en procesos de liquidación, que no fueron amortizados, representan una negligencia grave en la administración de los recursos del SGSSS.” Este fallo se inscribe en medio de una espacio más amplio de fiscalización y rendición de cuentas que busca salvaguardar los fondos destinados a la seguridad social en salud de prácticas corruptas y manejo ineficiente.

Los pagos por servicios médicos a personas fallecidas resaltan una falta de control y seguimiento en el uso de los fondos, donde “el pago de servicios no prestados mina la integridad del sistema de salud, afectando directamente a la población que depende de estos servicios esenciales”, según señala la Contraloría.

Este caso muestra la importancia de una gestión transparente y eficiente de los recursos del Estado, especialmente en sectores críticos como el de la salud. Refleja, además, el papel de las entidades de control en asegurar que los fondos públicos se utilicen de manera adecuada y en beneficio de la población.

La determinación de la Contraloría de emitir este fallo con responsabilidad fiscal solidaria por casi 90.000 millones de pesos pone de manifiesto la magnitud del daño al patrimonio público y subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control sobre la gestión de los recursos de la seguridad social.

Se espera que este caso sirva como precedente en la búsqueda de mayores niveles de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos destinados a la salud de los colombianos.