María Fernanda Cabal lanzó duros cuestionamientos contra la defensora del Pueblo tras polémica con la JEP: “Solo defiende a sus amigos”

La exsenadora y actual militante del Partido Republicano de Colombia María Fernanda Cabal intervino en la controversia política surgida entre la legisladora del Centro Democrático María Clara Posada y la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

La discusión comenzó luego de que la titular del organismo humanitario le solicitara a la congresista retractarse de varios señalamientos emitidos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

A través de su cuenta en la red social X, María Fernanda Cabal respaldó la posición de la legisladora y dirigió duros cuestionamientos contra la dirección de la Defensoría del Pueblo; la excongresista vinculó la actuación de Marín Ortiz con decisiones administrativas previas y relaciones familiares de funcionarios en zonas de conflicto territorial.

“No olvidar la responsabilidad de la defensora -que solo defiende a sus amigos- con las actuaciones del defensor de Norte de Santander, primo de Silvana Guerrero (la sociópata jefe terrorista del ELN)”, publicó la líder que mantiene diferencias con el sector del uribismo en la red social.

La excongresista se refirió a Ever Jesús Pallares Baene, exdefensor regional del Pueblo en Ocaña, que renunció a su cargo tras las denuncias relacionadas con su parentesco con Luz Amanda Pallares, alias “Silvana Guerrero”, cabecilla del Ejército de Liberación Nacional.

En ese momento, la Fiscalía adelanta investigaciones para establecer si hubo filtración de información confidencial y posibles amenazas contra líderes sociales. Pallares negó cualquier vínculo ilegal y aseguró que sus encuentros con integrantes de la guerrilla se dieron en unas misiones humanitarias, al señalar su disposición a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos.

Pese a las controversias y a las aclaraciones realizadas en su momento, estos hechos fueron suficientes para que la excongresista retomara lo sucedido y cuestionara la actuación de la Defensoría del Pueblo.

Cabal se pronunció tras la defensa de María Clara Posada a la petición de rectificación sobre la JEP

El pronunciamiento de Cabal se produjo en respuesta a una carta pública enviada por la senadora María Clara Posada a la defensora Iris Marín. En la misiva, la integrante del Centro Democrático rechazó de manera formal la solicitud de rectificación y advirtió que la postura de la funcionaria vulnera sus garantías parlamentarias en el ejercicio de la oposición.

En el documento, Posada afirmó que el requerimiento de la entidad no tiene sustento jurídico y aseguró que este tipo de pronunciamientos institucionales terminan afectando su seguridad personal. La congresista defendió su derecho constitucional a la libertad de expresión y a las tareas de control político sobre los dineros del Estado.

“No tengo que pedirle permiso para decidir qué hechos investigar, qué gastos cuestionar ni qué opiniones expresar sobre una entidad financiada con recursos públicos”, escribió María Clara Posada en su comunicación dirigida al despacho de la Defensoría.

La legisladora argumentó además que las autoridades no pueden exigirle rectificar opiniones ni interpretaciones sobre hechos de interés general.

Posada sostuvo que no ha difundido información falsa sobre la JEP y calificó la solicitud como un intento por limitar los juicios críticos que resultan incómodos para los funcionarios públicos: “La Constitución protege el disenso, no solo la coincidencia con las autoridades. Me ratifico en mi apreciación sobre las imágenes divulgadas”.

En su carta, Posada insistió en señalar asimetrías en las actuaciones de los magistrados de justicia transicional al momento de escuchar a los distintos comparecientes. La senadora sostuvo que exintegrantes de grupos insurgentes contaron con audiencias de carácter reservado, mientras que miembros de la fuerza pública fueron sometidos a diligencias abiertas, en referencia a las declaraciones de Rodrigo Londoño, más conocido como “Timochenko”, en las que se reía y señalaba que no hubo malos tratos en los cautiverios de las extintas guerrillas de las Farc-EP.

“Considero impropio el trato observado hacia quien integró la dirección de una organización responsable de secuestros y crímenes atroces. Ninguna decisión judicial posterior borra esa historia ni impide contrastar dicho trato con el dispensado a una víctima”, declaró la legisladora del Centro Democrático.

La senadora incluyó en su balance reparos sobre el porcentaje de entrega de bienes por parte de las antiguas Farc y los modelos de contratación de la JEP mediante agencias internacionales. Asimismo, recordó el paso laboral de Iris Marín como magistrada auxiliar dentro de la jurisdicción especial antes de llegar a la Defensoría.

“Muchos informes y advertencias de la Defensoría me parecen sesgados, descontextualizados y próximos a una orientación ideológica reconocible. Jamás se me ocurriría exigirles que adopten mi punto de vista: sería irrespetuoso institucionalmente. Espero que quienes dirijan la entidad en el futuro examinen el panorama nacional con mayor contexto y objetividad. Mi desacuerdo no me autoriza a dictarles qué pensar”, puntualizó la congresista.