El 26 de abril de 2024, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación contra varios funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) por presunto direccionamiento de contratos por más de $42.000 millones.
De acuerdo con la denuncia conocida por el Ministerio Público y difundida por varios medios de comunicación, en la oficina regional de Magdalena se habría desconocido las instrucciones impartidas desde la Dirección General del Icbf para contratar los servicios de educación básica a la primera infancia de Hogares Comunitarios de Bienestar, en donde se establece que dichos contratos deben hacerse con Asociaciones de Padres de Familia (APF) o con grupos étnicos.
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El equipo directivo de esa regional habría adjudicado $42.290.000.000 a las mismas fundaciones que vienen operando este servicio. Lo anterior, a pesar de que las asociaciones de grupos étnicos en la región, a través de organizaciones indígenas, asociaciones de padres y madres usuarias del servicio o madres comunitarias, se encontraban debidamente legalizadas para contratar.
Entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos del Estado por parte de los servidores públicos, se encuentran el listado de contratos entregados de manera directa por el equipo directivo regional, así como un informe en el que se determinen los funcionarios que han participado en dichos procesos de contratación durante la administración actual.
Exdirectivos del Icbf están en la lupa de las autoridades por el ‘cartel de las familias falsas’
El mismo 26 de abril, el Ministerio Público confirmó que abrió una investigación disciplinaria contra dos exdirectores regionales del Icbf en Nariño y a otros diez exservidores y funcionarios de la entidad en ese departamento, por presuntas irregularidades en el registro y atención de familias vulnerables atendidas por el programa Mi Familia, entre el 2021 y el 2023, caso conocido como el ‘cartel de las familias falsas’.
Los investigados son los exdirectores regionales: Luis Carlos España Patiño y María Mercedes Arellano, así como la entonces asesora de la Dirección General de la entidad y quien cumplió funciones de directora regional encargada, Martha Isabel Tovar Turmequé, y la excoordinadora del Grupo Financiero, Luz Ángela Alvarado Yépez.
También se abrió una investigación contra Óscar Abel Hurtado Narváez, coordinador del Grupo Jurídico, además de César Wilton Lloreda Alvear, Martha Lucía Pepinosa Bravo, Daira Vanesa Córdoba, Yudeimi Manco Valle, Myriam Consuelo Tovar Peña, Aura Leonila Benavides y Luz Elena Martínez Recalde.
Las irregularidades se habrían presentado en la selección de la Unión Temporal (UT) Mi Familia para la ejecución del contrato, firmado por $8.399 millones para visitar periódicamente 3.930 familias en 16 municipios del departamento, con el objetivo de prevenir el maltrato infantil. Dicho proceso, según la Procuraduría, aparentemente no estaba habilitado y no cumplía con los requisitos exigidos.
También se investigan aparentes faltas disciplinarias en la suscripción, ejecución y supervisión contractual, en las que, al parecer, se presentaron inconsistencias y falsedades en los soportes de la UT Mi Familia sobre la atención brindada a las familias.
Sobre la supervisión de los trabajos, la entidad de control disciplinario se encuentra investigando si se habrían advertido de manera oportuna las supuestas falsedades registradas en los documentos que soportaban las visitas hechas por la UT.
Igualmente, se habría registrado una posible omisión en la adopción de medidas ante el incumplimiento del contratista y por no denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales las posibles inconsistencias o falsedades presentadas para así evitar el detrimento patrimonial del Estado.
En el auto de apertura de investigación, la Procuraduría remitió copia a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe la procedencia o no de la acción penal contra los representantes legales de las organizaciones Corporación IPS Afrosalud Colombia y Corporación Colombia en Paz, que conformaban la UT Mi Familia, y de su revisor fiscal, Haiden Otoniel Vergara, por una posible falsedad en los documentos aportados para la firma del contrato con el Icbf Regional Nariño.
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