
En un operativo en El Poblado, un sector comercial de Medellín, autoridades recuperaron diez vehículos robados que habían sido sustraídos en Bogotá bajo un esquema de estafa.
La maniobra fraudulenta implicaba la concesionaria Autos del Cedro; los propietarios entregaban sus carros para la venta y, tras un adelanto monetario pequeño, les robaban el dinero restante, además del vehículo.
Este suceso destapó el escándalo vinculado a dicha concesionaria, según lo informó el periódico El Colombiano.
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La estafa se diseñaba al contacto inicial por aplicaciones en las que los dueños ponían a la venta sus automóviles. Los estafadores, presentándose como Autos del Cedro, ofrecían un pago inicial seguido de la promesa de liquidar el monto restante de la venta, un compromiso que jamás cumplían.

Las víctimas, al buscar retribuciones, se topaban con la desaparición de la concesionaria y la imposibilidad de recuperar su bien. Este fraude atentó principalmente contra propietarios de vehículos de gama media y alta, quienes enfrentaron pérdidas mínimas de 60 millones de pesos.
Las operaciones fraudulentas han dejado a unas doscientas personas afectadas, quienes al investigar descubrieron irregularidades en el traspaso de los vehículos y posibles falsificaciones en los procedimientos de venta.
La Policía Metropolitana de Medellín y el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, han expresado su compromiso no solo con la detención de los criminales involucrados, sino también con la restitución de los vehículos a sus legítimos dueños. Estos esfuerzos se enmarcan en una búsqueda más amplia de vehículos robados en relación con el escándalo, extendiéndose a otras regiones como el Eje Cafetero y los Santanderes. Hasta el momento, en Medellín se han recuperado 120 vehículos este año, destacando el compromiso institucional con las víctimas de estos delitos.

La situación ha resonado en la obligación de avanzar en las investigaciones para localizar a los responsables de estos hurtos. A pesar de que en este último operativo no se efectuaron arrestos, las autoridades se mantienen vigilantes y en continua colaboración con las víctimas para esclarecer completamente los hechos y asegurar justicia para los afectados por la red de estafas de Autos del Cedro.
Investigación revela posible fraude con vehículos en consignación en Iserra 100
En Bogotá, decenas de ciudadanos han levantado su voz contra Autocedro, un concesionario situado en el centro comercial Iserra 100, tras verse involucrados en una presunta estafa en la venta de vehículos. La investigación, revelada por Blu Radio, señala que los propietarios de los autos sufrieron la desaparición de sus vehículos después de dejarlos en consignación, esperando una venta que nunca se concretó. La oficina de Autocedro fue hallada vacante, dejando tras de sí únicamente preguntas y un profundo desasosiego entre los afectados.
Las víctimas, al compartir sus historias, detallaron un modelo de operación plagado de irregularidades, enfatizando particularmente en los aplazamientos y excusas en los pagos prometidos por la venta de los vehículos. Según relatos obtenidos por Blu Radio, se prometió a los clientes un desembolso del precio de venta en dos partes, una táctica que terminó en retrasos indefinidos bajo pretextos de “problemas de flujo de caja”. Este esquema no solo se tradujo en pérdidas financieras, sino que también involucró casos de suplantación, donde automóviles fueron inscritos a nombre de terceros sin el consentimiento de los dueños originales.

La indignación de los damnificados escaló al descubrir que algunos de sus vehículos estaban siendo ofertados en portales de venta en línea sin su autorización. Esto, sumado a la imposibilidad de recuperar los vehículos o recibir los pagos acordados, ha dado pie a la presentación de múltiples denuncias. En otro ángulo del caso, se señala a Autocedro no solo por fraude a los vendedores de autos, sino también por incumplimiento en el pago de salarios a sus empleados, exponiendo una crisis más amplia que afecta a varios eslabones dentro de la empresa.
La crisis no se limita a los efectos económicos y emocionales sobre las víctimas, sino que también plantea serias preguntas sobre la seguridad y estabilidad laboral en situaciones fraudulentas, así como sobre la responsabilidad empresarial ante tales esquemas. La espera por una respuesta oficial de la Fiscalía y las subsiguientes acciones legales se torna crítica para los afectados, marcando un precedente importante en la protección contra fraudes en el sector automotor.
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