
El fondo de pensiones estatal Colpensiones ha ganado protagonismo en Colombia, luego de la aprobación en Senado de la polémica reforma pensional que la convertiría en la principal administradora de los ahorros de los colombianos.
Sin embargo, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia denunció en las últimas horas un presunto despilfarro que supera los 226 mil millones de pesos en sobrecostos, aumento de nómina y contratos considerados innecesarios.
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Las acusaciones de la congresista se centraron gastos que consideró innecesarios en servicios ya existentes, como el call center y terminales de servicio, incrementando los costos en más de un 100%. Esta situación generó una polémica por la administración de dichos recursos, en un contexto donde estaba previsto un debate de control político en la Comisión Primera del Senado, el cual no se realizó por falta de cuórum.
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“Quedé muy preocupada al revisar el tema de Colpensiones. Encontré una administración descuidada con los ahorros pensionales de los colombianos; más de 220 mil millones de pesos en posibles sobrecostos”, comentó Valencia.
La preocupación de la senadora gira en torno al incremento significativo en la nómina de Colpensiones, agregando en promedio 1.000 contratos misionales, lo que habría resultado en un sobrecosto de más de 29.000 millones de pesos tan solo para el año 2023. Además, criticó la decisión de arrendar una nueva sede por un contrato de 39.000 millones de pesos, bajo la justificación de evitar manifestaciones cerca de la sede actual. Este movimiento ha resultado en que ahora existan dos sedes centrales, impactando directamente en el gasto operativo de Colpensiones.
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“Llama la atención que habrían arrendado a solo dos cuadras la nueva sede”, señaló Valencia, quien pone en duda la austeridad en el manejo de fondos, especialmente al considerar que el contrato incluye un subarrendamiento de mobiliario por 17.000 millones de pesos, estrategia que según indica, evita la necesidad de una licitación pública para su adquisición.

En detalle, los contratos de contact center y servicios de conectividad, según la denuncia, se habrían adjudicado con sobrecostos significativos, más de 38.000 millones de pesos y más de 16.000 millones de pesos respectivamente, representando montos significativos que superan el presupuesto original.
En otro momento, la congresista detalló que el fondo de pensiones también se estarían contratando servicios de alimentación para los directivos de la entidad estatal que no existían mientras el expresidente Iván Duque estuvo al frente del país.
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“Contratos, por ejemplo, para pagarle el almuerzo a la directiva de Colpensiones todos los días, pidiendo almuerzos al club de Banqueros: 200 millones en eso”, comentó en medio de una entrevista con Bluradio.
Además, Paloma Valencia denunció que se estarían ejecutando gastos excesivos en temas de publicidad para Colpensiones, haciendo referencia a una serie de contratos con el sistema público de medios RTVC, que estaría cobrando comisiones por emitir un mensaje del Gobierno de Gustavo Petro en varios medios de comunicación nacional.

“Uno dice “bueno, van a hacerle propaganda a las webs, a que la gente se afilie a Colpensiones” y resulta que no. Es un contrato por 9.600 millones de pesos con RTVC, con dos características: se gastan en diez días 8.000 millones y usted va y mira la publicidad y es “Colpensiones es el motor del cambio”. Ese es el mensaje que estamos transmitiendo”.
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Además, informó que la administradora de fondos le estaría pagando al canal público para que sea intermediario en la publicación de piezas en otros medios privados, con un sobrecosto del 7% en comisiones por cada publicidad.
“No estoy diciendo que no se hubieran hecho esos contratos. Si se hubieran hecho con los lineamientos que existían en la entidad, nos habríamos ahorrado 226.000 millones de pesos. Entonces la pregunta que yo me hago es: ¿este tipo de administración es la que va a tener a cargo las pensiones de los colombianos?”, concluyó la senadora.
Entretanto, durante la jornada en la que se esperaba abordar estas acusaciones, solo dos congresistas hicieron acto de presencia, situación que desató la molestia entre los afiliados al sindicato de Colpensiones y la fiscal nacional de Colpeunidos, Sandra Almanza, quien expresó su frustración: “Cuando por fin vemos que se abre la puerta en el Congreso para revisar el tema... y vemos el ausentismo de nuestros congresistas la verdad no nos sentimos representados”.
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