
La Corte Suprema de Justicia negó este martes 29 de septiembre la solicitud de libertad presentada por la defensa de Wadith Manzur, excongresista que permanece detenido en la cárcel La Picota de Bogotá por su presunta responsabilidad en el caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia a través de la ponencia de la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa. La defensa buscaba someter a control de legalidad formal y material la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario que le fue impuesta a Manzur el 11 de marzo de 2026 por la Sala Especial de Instrucción.
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Tras revisar la solicitud, la Corte resolvió no acceder a la petición para dejar sin efecto la medida de aseguramiento. El alto tribunal consideró que la defensa no demostró que la detención hubiera sido impuesta de manera irregular.
Qué pidió la defensa de Wadith Manzur
La solicitud fue presentada con fundamento en el artículo 392 de la Ley 600 de 2000, relacionado con el control de legalidad formal y material de las medidas de aseguramiento.
Uno de los principales argumentos de los abogados de Manzur estaba relacionado con una decisión adoptada por la Corte en julio de 2025, cuando el tribunal había decidido no imponerle una medida de aseguramiento.
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La defensa consideraba que esa determinación debía mantenerse y que no podía ser modificada posteriormente. Sin embargo, la Corte explicó que, cuando un proceso avanza hacia una nueva etapa, la situación jurídica de una persona puede volver a ser revisada.
Con ese argumento, el alto tribunal consideró válida la decisión adoptada en marzo de 2026, cuando se ordenó la detención de Manzur.
La defensa también sostuvo que la nueva determinación tomó por sorpresa al excongresista y afectó sus derechos. De acuerdo con la decisión, la Corte no encontró una vulneración de esas garantías ni estableció que hubiera ocurrido un error grave que dejara sin fundamento la medida de aseguramiento.
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Las razones consideradas para mantener la medida
La decisión de marzo de 2026 tuvo en cuenta, entre otros aspectos, el riesgo que podía representar Manzur para el proceso y la necesidad de proteger pruebas y testimonios.
En ese análisis, la Corte mencionó particularmente el contacto que tuvo con la testigo Alejandra Benavides Soto.
El tribunal también recordó que antes de ordenar la detención fueron consideradas otras opciones diferentes a la privación de la libertad en establecimiento carcelario. Estas alternativas fueron descartadas al momento de adoptar la medida.
Con la decisión conocida este martes, la Corte mantuvo vigente la medida de aseguramiento y negó la solicitud presentada por la defensa.
Asimismo, el alto tribunal precisó que la coadyuvancia presentada por la defensa de Karen Astrith Manrique Olarte fue resuelta en los términos de la solicitud que apoyó y aclaró que esa decisión no comprende la medida de aseguramiento impuesta a la procesada.
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De acuerdo con el inciso final del artículo 392 de la Ley 600 de 2000, la Corte Suprema advirtió que contra esta decisión no procede ningún recurso.

Investigación por el caso de la Ungrd
La detención de Manzur hace parte de la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el caso de la Ungrd, relacionada con hechos ocurridos durante 2023, cuando el entonces congresista hacía parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Según la investigación, Manzur presuntamente aceptó ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de favores que interesaban a esa cartera.
La alta Corte también investiga posibles acuerdos relacionados con el impulso de contratos y obras de interventoría correspondientes a tres proyectos de la Ungrd ubicados en Córdoba, Arauca y Bolívar.
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Los señalamientos hacen parte de la investigación y no corresponden a una declaración de culpabilidad contra Manzur.

Traslado de Manzur a La Picota
Manzur permanece detenido desde marzo de 2026, cuando la Corte Suprema ordenó su captura dentro del proceso relacionado con la Ungrd.
Antes de su traslado a Bogotá, permaneció recluido en la Escuela de Carabineros, donde continuaron las actuaciones judiciales correspondientes.
El pasado 17 de septiembre, el excongresista fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá. El traslado fue realizado por el Inpec.
La Corte señaló además que algunos cambios ocurridos posteriormente, como el final del periodo constitucional 2022-2026 y la situación actual de Manzur como funcionario, no podían ser analizados dentro de la solicitud de control de legalidad presentada por su defensa.
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Según la decisión, esos hechos pueden ser discutidos mediante otros mecanismos legales.
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