Condenan a exsubsecretario de Salud de Samuel Moreno por corrupción en la compra de ambulancias en Bogotá

El Tribunal Superior de Bogotá dictaminó penas de prisión para el exsubsecretario de Salud de Bogotá Juan Eugenio Varela Beltrán, junto a los tres contratistas José Antonio Bonnet Llinás, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento.

Estos individuos fueron encontrados culpables en una compleja red de corrupción vinculada a la adjudicación y gestión de un contrato para la adquisición de ambulancias y otros insumos esenciales destinados a la emergencia sanitaria en Bogotá.

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La sanción impuesta se debe a un recurso de apelación de la Fiscalía para revertir la absolución previa. De esta forma, se estableció una condena de 18 años, siete meses y siete días de cárcel para Varela Beltrán, y de diez años, ocho meses y 28 días para los contratistas, evidenciando la severidad de los delitos cometidos.

Las investigaciones realizadas por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía desvelaron una trama en la que se intercambiaba información privilegiada durante la fase precontractual del convenio N°1229 firmado en septiembre de 2009, facilitando así que la unión temporal de empresas contratistas, conformada por los ahora condenados, ajustara su propuesta para adjudicarse el contrato valorado en 67.203 millones de pesos.

Este contrato incluía la provisión de 55 ambulancias medicalizadas y 15 vehículos de respuesta rápida, además del personal necesario para atender las urgencias médicas en la ciudad.

No solo se manipuló la adjudicación del contrato, sino que también se inflaron de manera fraudulenta los costos asociados a la contratación de personal, entre ellos médicos, siquiatras, enfermeras, auxiliares de enfermería, y conductores. Mientras que oficialmente se reportó un gasto de 34.739 millones de pesos en este ítem, investigaciones fiscales han comprobado que el monto real no superaba los 17.196 millones de pesos, poniendo en evidencia un desfalco millonario en perjuicio del erario público.

La Fiscalía General de la Nación, al presentar un recurso de apelación, logró que el Tribunal Superior de Bogotá revisara y finalmente revocara el fallo de primera instancia que absolvía a los implicados, demostrando el compromiso de las instituciones judiciales con la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Este reciente fallo que marca el final de uno de los episodios más notorios de corrupción bajo la administración del ya fallecido alcalde Samuel Moreno en Bogotá. Héctor Zambrano, exsubsecretario de Salud, y varios contratistas involucrados han sido condenados por su participación en irregularidades durante la licitación para el servicio de ambulancias en la capital colombiana.

Los detalles de la trama corrupta revelan cómo desde la Secretaría de Salud se orquestaron maniobras para favorecer a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio de Bogotá, a pesar de las claras violaciones a los procedimientos legales de licitación.

Zambrano, reconociendo su culpabilidad en delitos de cohecho propio, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y celebración indebida de contratos, firmó un preacuerdo con la Fiscalía que inicialmente le otorgó una condena de trece años de prisión, reducida posteriormente a 12 años y cinco meses por el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia.

Tras 13 meses de detención, la liberación de Zambrano se produjo a través de un habeas corpus presentado por su abogado, Gustavo Sierra, argumentando que desde el 30 de septiembre de 2020, el Juzgado 16 de conocimiento había ordenado su libertad condicional.

Este caso también arrastró al exconcejal Omar Mejía Báez, quien fue condenado a pagar 90 meses de prisión y una multa de 87 salarios mínimos por haber recibido coimas ilegales que ascendieron a 120 millones de pesos por parte de Zambrano para evitar su participación en debates de control político que pudieran perjudicar los intereses detrás del contrato de las ambulancias.

La sentencia de Mejía Báez se centra en su complicidad para eludir la supervisión del contrato, acordando no involucrarse en los debates del Concejo de Bogotá que cuestionaran la administración de Moreno.