Se perdieron más de $4.200 millones en el Gobierno de Iván Duque, que eran para las víctimas del conflicto armado

La Unidad para las Víctimas informó que durante el Gobierno del expresidente Iván Duque Márquez hubo presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados para las víctimas del conflicto armado. De acuerdo con el comunicado oficial de la entidad, se perdieron miles de millones de pesos del Fondo para la Reparación.

En una auditoría adelantada por la Secretaría de Transparencia, se identificaron anomalías en la administración de bienes inmuebles y procesos de contratación que se llevaron a cabo entre 2018 y 2022, años en los que gobernó Duque. Estas posibles irregularidades generaron un detrimento total de $4.203.798.684, según la Unidad para las Víctimas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La principal causa del millonario detrimento yace en la administración de los inmuebles. Pues, al parecer, los cálculos para determinar los cánones mensuales de arrendamiento no fueron acertados: no se incluyó el área total de los inmuebles para ello. En consecuencia, los valores totales fueron menores, y por eso se perdieron $3.786.954.885 durante los cuatro años de gobierno del expresidente.

Otro detrimento que se registró fue de $98.684.438, porque los cánones de arrendamiento que fueron reportados estaban por debajo de las estimaciones que se tenían. Pero también hubo problemas con el método que se utilizó para determinar dichas estimaciones, que terminaron siendo muy inferiores a las cifras reales, lo que causó la pérdida de $98.684.438.

De acuerdo con el informe de la auditoría, los errores en los cálculos de la estimación del canon de arrendamiento también generaron un detrimento patrimonial adicional que es superior a los $233 millones, puesto que hubo varias estimaciones que fueron menores a otras anteriores. Además, el canon se quedó estancado por varios periodos, sin que haya sido incrementado, lo que implicó la pérdida de más de $21 millones.

Todo esto se debería a que hubo funcionarios que no visitaron los predios e hicieron estimaciones sin ningún tipo de soporte, y reportaron cifras basadas en el completo desconocimiento de los terrenos y sus características. Asimismo, otros trabajadores se dieron cuenta de la inferioridad de los valores y, a pesar de eso, los aprobaron.

“A sabiendas de que las estimaciones estaban por debajo del valor real, estos cánones eran avalados por los mismos funcionarios, faltando al principio de transparencia en los procesos de arrendamiento de inmuebles del Fondo para la Reparación”, detalla el informe de la auditoría.

A todo esto se suma que $84.585.794.564 de varios contratos fueron entregados a grupos de contratistas que cambiaron sus nombres para poder acceder a ellos y acapararlos. “Esta concentración de la contratación se vincula con irregularidades en la ejecución de los contratos”, precisa el informe, citado por la Unidad para las Víctimas.

Actualmente, la entidad tiene 1809 bienes rurales y 1220 bienes urbanos destinados para los sobrevivientes del conflicto, los cuales fueron identificados después de que funcionarios fueran hasta los terrenos e hicieran un inventario de los mismos.

Luego de evidenciar los hallazgos de la auditoría, encontraron que en Puerto Boyacá, Cáceres, Tarazá y Caucasia había bienes con anomalías. Algunos habían sido ocupados para la minería ilegal, mientras que otros no contaban con una persona que los administrara de manera presencial. De igual manera, la Unidad para las Víctimas recuperó 425 predios para los cuales hacía falta un proceso de formalización.

Según datos de la entidad, en Colombia hay más de nueve millones de personas que fueron afectadas de alguna manera por el conflicto armado colombiano. De ellas, más de siete millones son atendidas y reparadas por el Estado, mientras que más de dos millones no están incluidas porque ya fallecieron, fueron víctimas de desaparición forzada u homicidio o no pueden acceder de manera efectiva a las acciones de reparación.