
Aunque la decisión de nueve de los 14 senadores que hacen parte de la Comisión Séptima de la corporación fue la de hundir el proyecto de ley con el que se pretendía adelantar la reforma a la salud, el presidente de la República, Gustavo Petro, está convencido de que esta proposición puede salvarse. Y, aludiendo a una serie de presuntas irregularidades en su trámite, ha advertido a través de sus redes sociales cuál sería su estrategia para ello.
Según el jefe de Estado, la ponencia de archivo, que es la que termina hundiendo la reforma en la comisión, fue votada por tres o cuatro congresistas que, a su juicio, “le hicieron mayoría” y que estaban impedidos para expresarse en ese sentido mientras no se resolvieran sus recusaciones en la Comisión de Ética del Senado. Por ello, cree que la estrategia definida por el Ejecutivo y radicada por el senador Wilson Arias, podría revertir este revés.
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En efecto, la apuesta del Gobierno nacional está en la apelación que se radicó ante el presidente del Congreso, Iván Name Vásquez, y con la que se pretende demostrar que hubo serias irregularidades en la votación que se llevó a cabo el miércoles 3 de abril, y que determinó el fracaso de una de las tres grandes banderas que tiene en curso, al igual que la reforma pensional, que avanza en plenaria en el Senado, y la laboral, en la Cámara.
“Aún se puede salvar el trámite en el Congreso porque fue apelada la decisión de la Comisión VII, y el Gobierno. Si el Senado toma una decisión responsable con el país, en otra comisión, continuará el esfuerzo de concertación”, afirmó el gobernante en su perfil de X, en un extenso mensaje en el que expuso su postura, en relación con una determinación que encendió la discusión entre oficialistas y opositores.
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Los argumentos de Gustavo Petro
En primer lugar, el presidente Petro afirmó que ni siquiera debió existir recusación en ese sentido, debido a que desde su análisis, el reglamento del legislativo, que dijo conocer “al dedillo”, le permitía impedirse ellos mismos en vez de que fuera la comisión la que declarara el conflicto de intereses. Por lo que, en consecuencia, mostró su apoyo a la apelación que cursa ante la mesa directiva del Senado.
“Haber recibido donaciones de EPS o de sus dueños, entre otras, extranjeros, cosa que la Constitución prohíbe. No lo hicieron y en el proceso de resolver sus impedimentos, con afán inusitado, votaron en contra de la reforma”, afirmó el jefe de Estado, en un mensaje que pasó inicialmente desapercibido, pero que reveló los motivos por los cuales el trámite del hundimiento sería ilegal.
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En respuesta a una columna de opinión del periodista Daniel Coronell, Petro también reiteró su argumento de “dejar las cosas así”; es decir, que las EPS quebraran una por una. “Mientras mi gobierno traslada los afiliados, una tras otra, que es lo que hicieron los presidentes anteriores”, agregó el presidente, que recalcó que los afiliados fueron apenas un comodín de los administradores de las entidades promotoras de salud.

En todo caso, si la apelación —que busca que otra comisión analice el articulado de la reforma, como quedó expuesto en la carta radicada por Arias a Name— el jefe de Estado tiene definida su hoja de ruta. De hecho, ya empezó a implementarla, con la intervención de EPS como Sanitas y Nueva EPS, y tendría en “planilla” a otras más, que registrarían deficiencias de tipo económico que ameritarían el accionar de la Superintendencia de Salud.
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“Haremos una transición hacia un régimen mejor, con ayuda de las víctimas del sistema: el Estado, los pacientes, las clínicas públicas y privadas a las que se les debe dinero, el personal de salud que demanda más estabilidad, y las EPS que mantienen balances sanos y que son conscientes de este problema”, puntualizó el presidente en su mensaje, en el que no dará el brazo a torcer.
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