El trámite del proyecto de reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso de República se encuentra en un momento crítico. Este, entre otras cosas, enfrenta un sistema de salud que ya padecía de un significativo déficit financiero, ahora estimado en $9,7 billones entre 2021 y 2023.
Ahora, según indicó la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), esta reforma –en la que se plantea que las alcaldías sean las que manejen los recursos de la salud y no las EPS– proyecta incrementar las presiones sobre el ya debilitado sistema, con pronósticos de requerir más de $15 billones en necesidades de financiamiento para la próxima década.
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El Ministerio de Hacienda intentó proporcionar un cierto sentido de dirección mediante la publicación de un documento que detalla las proyecciones de ingresos y gastos de la reforma hasta el 2033. En el texto, dio a entender que el sistema de salud, con la reforma, costaría $105 billones en 2025, lo que generó toda clase de polémica.
Sin embargo, Anif señaló que dichas proyecciones no constituyen un aval fiscal real, por lo que argumenta que existen varios rubros importantes sin estimar y destacando la necesidad de recortes y redistribución del gasto.
Incertidumbre financiera
“No es un aval fiscal, pues faltan rubros por estimar”, aseguró Anif, respecto al documento presentado por el Ministerio de Hacienda. Esta situación pone de manifiesto una incertidumbre financiera aún mayor para un sistema que contempla cambios estructurales significativos.
Además, se teme que el plan actual no solo no aborde de manera adecuada las necesidades existentes, sino que también obligue a buscar recursos adicionales en otros sectores, una tarea que se vislumbra poco viable dada la inflexibilidad del gasto público colombiano.
El escenario actual del sistema de salud colombiano ya muestra signos de tensión, con una escasez notable de medicamentos que afecta directamente a la calidad de la atención sanitaria. Se prevé que esta problemática pueda agudizarse con la implementación de la reforma propuesta, lo que podría traducirse en una mayor fragmentación en la prestación de servicios y, consecuentemente, en un menor acceso de la población a cuidados de salud esenciales.
“La fragmentación en la prestación de servicios y el menor acceso por parte de la población al sistema de salud son algunas de las repercusiones que podrían profundizarse con la reforma de la salud”, sostuvo la entidad que preside José Ignacio López, lo que evidencia la magnitud de los desafíos que enfrenta el sistema.
Pese a la urgencia de abordar la falencia de recursos y mejorar la eficiencia del sistema, la reforma generó un debate intenso sobre la mejor forma de proceder sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
Sin estimaciones completas
El documento del Ministerio de Hacienda, pese a sus limitaciones, intenta ofrecer un marco de referencia sobre cómo podrían balancearse los ingresos y los gastos en el largo plazo. No obstante, la ausencia de estimaciones completas y la necesidad de hacer ajustes significativos en el gasto sugieren que el camino hacia una solución viable estará lleno de obstáculos.
La reforma a la salud en Colombia, por tanto, se encuentra en una encrucijada, donde la necesidad de fortalecer el sistema de salud debe equilibrarse cuidadosamente con las realidades fiscales del país.
La aplicación de cambios estructurales, la búsqueda de nuevos recursos financieros, y la mejora en la eficiencia del gasto son aspectos cruciales que demandan una atención prioritaria. A medida que el debate continúa en el Congreso de la República, la expectativa general es que se encuentren caminos innovadores y sostenibles para superar estos retos y avanzar hacia un sistema de salud más inclusivo y eficiente para todos los colombianos.
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