Colombia no proporcionó datos para estudio anticorrupción de la OCDE

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia tiene una “estrategia anticorrupción en estado de implementación”. Este corresponde a uno de lo los datos que registra la OCDE sobre el país.

El informe presentado el martes 26 de marzo sobre ese flagelo, según el organismo, “tiene un impacto adverso sobre la prosperidad y la democracia. Profundiza las desigualdades y debilita el crecimiento económico, erosiona la resiliencia y el funcionamiento adecuado de las democracias e impide la representación y la confianza en el gobierno”.

En varios de los ítems que abarca el estudio, Colombia aparece en el grupo de los grises, es decir, los que no proporcionaron datos o los mismos no fueron recogidos. Entre estos se encuentra, por ejemplo, el componente relacionado con conflicto de intereses de funcionarios públicos. Sin embargo, no aparece reporte de esa data, mientras que, en promedio, los países de la OCDE cumplen con el 76% de los criterios en materia de reglamentación y el 40% en materia de práctica relacionada con los conflictos de intereses.

“En la mayoría de los países de la OCDE, los titulares de cargos públicos con importante poder para la toma de decisiones están obligados legalmente a revelar sus intereses privados. Sin embargo, un número significativo de países no supervisa plenamente si estos requisitos se implementan en la práctica. Entre los países de la OCDE que exigen que los miembros del gobierno proporcionen declaraciones de intereses privados, hay datos disponibles para monitorear el cumplimiento de las regulaciones de divulgación, solo en 22 países”, dice el informe.

Uno de los que no registró la información para conocer la situación de conflicto de intereses de servidores públicos es Colombia.

Un dato que vale la pena señalar en el documento es que “los jueces de alto rango están obligados a revelar sus intereses en diecinueve (19) países de la OCDE, pero los datos completos sobre la divulgación solo están disponibles en diez países. La mayor brecha de monitoreo es para los funcionarios públicos de alto nivel, donde a pesar de un requisito legal en 26 países, solo 11 monitorean completamente si se han realizado declaraciones de intereses privados”.

De igual manera, en el aparte del estudio relacionado con el lobbismo (que corresponde en influir en la toma de decisiones y en los cambios a las políticas públicas), Colombia también está entre los países que no reportaron la información para el informe anticorrupción. Si bien la OCDE no sataniza el tema de la corrupción, pues lo considera como “una parte natural del proceso democrático”, sí enfatiza en que “debe gestionarse adecuadamente para garantizar que la influencia se ejerza de manera justa y efectiva en la formulación de políticas”.

Para el informe de la OCD, Colombia tampoco dio información sobre la manera de abordar el fraude y la corrupción en su marco de control interno, mientras que, en promedio, entre el 72% y el 81% de las naciones que hacen parte de este organismo tienen regulaciones estándar en ese sentido, y el 51% implementa auditoría interna, punto que, en general, debe ser mejorado, dice el estudio.

Por otro lado, entre los resultados de los ítems que si se tienen datos, se encuentra que Colombia está arriba de los países con mayor número de horas trabajadas.

Según la OCDE, Colombia encabeza la lista del reporte que salió en el último periodo del 2023, donde supera a países como México, Costa Rica, Chile, Corea del Sur, Israel, Grecia, Rusia y Chipre, siendo los diez países donde más trabajan.

No obstante, a mitad del 2023, Colombia ocupó el tercer lugar de este listado, siendo superado por México y Costa Rica. Hoy en día, según la última publicación de la Organización para la cooperación y el Desarrollo económico, es la primera con dos mil cuatrocientas cinco (2.405) horas trabajadas al año.