Rodolfo Hernández fue condenado por el escándalo de Vitalogic: el exalcalde se pronunció

El 14 de marzo de 2024, el juez que lleva el caso contra Rodolfo Hernández por el escándalo de las basuras del relleno sanitario El carrasco y la Unión Temporal Vitalogic condenó al exalcalde de Bucaramanga por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en condición de autor y no de partícipe, como se decía inicialmente.

El juez advirtió que por ser un delito contra la administración pública no caben beneficios como suspensión de la pena o pena domiciliaria, pero advirtió que por tener 76 años, Hernández, y por revelarse que tiene cáncer terminal, no lo mandará a la cárcel, acogiéndose a los lineamientos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos no quedará privado de la libertad, por lo que no ordenó la captura del exalcalde de Bucaramanga.

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“No se va a ordenar la captura inmediata porque existe la posibilidad de que el abogado defensor impugne la decisión, de esta manera restablece la presunción de inocencia, Rodolfo estará en libertad”, dijo el juez cerca del final de la audiencia.

La sentencia será notificada por el juez el 13 de junio de 2024, a partir de las 2:00 p. m., allí se conocerá el monto de la pena que deberá purgar el excandidato presidencial.

Hernández, en X, dijo que respeta la decisión del juez, insistiendo que tiene su conciencia tranquila y que nunca se robó “ni un solo peso de la Alcaldía”.

“Respeto la decisión de la justicia en primera instancia. Tengo mi conciencia tranquila y mi corazón en paz. Nunca me robe ni un solo peso de la Alcaldía, al contrario, todas estas batallas las di por evitar costos a la ciudadanía. Seguiré en la lucha por la vida y la justicia”.

Hay que advertir, como lo aclaró el juez durante la audiencia, que no está en discusión si el exalcalde robó dineros públicos, sino que sus actuaciones van en contra de la moralidad pública, por suscribir un contrato en el que tenía interés personal, así como en por incumplir los requisitos legales para celebrarlo.

La Fiscalía General de la Nación, en un comunicado publicado una vez terminó la audiencia en la que se conoció el sentido del fallo del juez, advirtió que lograron demostrar que “Hernández Suárez direccionó el contrato de consultoría 096 de 2016, suscrito con la Empresa de Aseo de Bucaramanga, y cuyo objeto era asesorar los temas relacionados con el procedimiento adecuado y el manejo de basuras en El Carrasco”.

Solicitud de la defensa de prisión domiciliaria

La defensa pidió que se tengan en cuenta los mismos principios, advirtiendo que tiene un certificado médico en la que advierten los múltiples trámites a los que está siendo sometido para contrarrestar el cáncer que padece Hernández, para que cuando dicte la sentencia conceda el beneficio de la prisión domiciliaria.

La repuesta del juez fue: “El señor Rodolfo va a estar en libertad, ya los argumentos fueron suficientes. En todo caso, como en la sentencia, tengo que pronunciarme con elementos para efectos de resolver la postulación, que ha sido de doble vía, no solo la edad, sino la enfermedad grave que sea incompatible con el sitio de reclusión, le voy a pedir que dialogue con él, para que hagan las solicitudes pertinentes al Instituto de Medicina Legal, como dictamen oficial, para que realicen la valoración de sí efectivamente esta resulta, o no, compatible con el lugar de reclusión. Esto para tener un enfoque diferencial y los demás sujetos procesales puedan pronunciarse al respecto”.

La Fiscalía solicitó que se le traslade el dictamen de Medicina Legal para tener el control del peritazgo, en el que se deberá ver si el sitio de reclusión del exalcalde de Bucaramanga cumple con los requisitos para seguir con la atención al cáncer que padece.

Los argumentos del juez

El juez señaló que Hernández ubicó a Jorge Hernán Alarcón Ayala para suscribir un contrato de asesoría, desconociendo el principio de pluralidad, y orquestó una reunión en el apartamento del exalcalde de Bucaramanga, en el barrio Cabecera, con el exgerente de la Empresa de Aseo José Manuel Barrera. Dicha reunión la ha negado Hernández insistentemente, sin embargo, en las pruebas que presentó la Fiscalía General de la Nación, hay correos electrónicos que confirman el encuentro.

El juez concluyó que para imprimir apariencia de legalidad al trámite se cambiaron las fechas de algunos documentos y se adjuntaron dos propuestas de otros interesados el contrato, que resultaron ser espurias.

El juez también dijo que sí hubo un interés particular de Hernández, más allá del interés de su condición como alcalde de Bucaramanga en cumplir un plan de gobierno, pues no se trata de una situación aislada, sino que a razón de las reuniones con las que se direccionó el contrato.

Así mismo, el juez aclaró que no está en discusión si se perdieron recursos públicos, sino que se afectó la moralidad pública al adjudicar un contrato sin cumplir con las normas y principios jurídicos para la contratación, como la selección objetiva y transparente.

El interesarse en el contrato se puede expresar de distintas maneras, no solo en la reunión del apartamento, sino por llamadas de Hernández para preguntar por los pagos al contratista, entre otros, explicó el juez.

El juez aclaró que hay jurisprudencia le da facultades para cambiar la categoría de delito que le imputaron a Hernández, pues hay congruencia fáctica y no agrava la situación del exalcalde.

“El hecho nuclear deviene de la reunión que se tuvo a finales de junio y comienzos de julio de 2016, en la que se direccionó o se interesó el alcalde para efectos de que el contrato fuera asignado al señor Jorge Hernán Alarcón Ayala, pero que se extiende en el marco de la acusación, cuando la Fiscalía indicó que se ordenó, por parte del alcalde, el ilícito prohibido al señor José Manuel Barrera y César Fontecha, también en esa reunión, en abierta violación de poder, atendiendo su cargo y funciones como alcalde y miembro de la junta directiva de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, mostró inclinación o ánimo para favorecer al futuro contratista, en favor de un tercero, Jorge Hernán Alarcón Ayala”.

Hay que recordar que, Hernández le pidió a Barrera que le entregara un contrato inicial de $344 millones al ingeniero Jorge Hernán Alarcón.

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación advirtió que hay suficientes pruebas para señalar que Hernández y su hijo, Luis Carlos Hernández, tenían interés en el contrato con Vitalogic. Tesis que el juez acogió.