Por qué la Alcaldía de Daniel Quintero compró una funeraria por $5 mil millones: las denuncias más llamativas de Federico Gutiérrez en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló los hallazgos preliminares de una auditoría forense que había prometido al iniciar su mandato, destacando la identificación de 501 casos que podrían indicar corrupción durante la administración de su predecesor, Daniel Quintero.

Este informe se entregó en un evento que contó con la presencia de numerosos documentos y fue transmitido en vivo. Gutiérrez expresó que la ciudad fue recibida en condiciones lamentables, sugiriendo un panorama de desorden y saqueo precedente.

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De la investigación, un total de 501 incidentes fueron clasificados y denunciados ante diferentes entidades gubernamentales; 262 a la Personería y a la Procuraduría, 156 a la Contraloría, y 83 a la Fiscalía, señalando un esfuerzo significativo por parte de la actual administración para abordar posibles irregularidades.

Estas denuncias no incluyen otras investigaciones en curso asociadas con entidades como EPM (Empresas Públicas de Medellín), entre otras. Aunque Gutiérrez remarcó que su papel no es determinar la presencia de prácticas corruptas sino, más bien, reportarlas y cooperar con las autoridades, su gestión señala un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Así mismo, el exalcalde Daniel Quintero respondió a estas acusaciones criticando la gestión actual de la ciudad, haciendo hincapié en problemas como la acumulación de basuras, el incremento de la criminalidad y el incumplimiento de promesas. Esta confrontación evidencia no solo las diferencias políticas y administrativas entre ambas gestiones, sino también la compleja dinámica de rendición de cuentas y escrutinio público en el ámbito político de Medellín.

Algunas de estas denuncias son:

Compra de una funeraria para construir la guardería Buen Comienzo

La investigación puso en evidencia supuestas irregularidades en la adquisición de un terreno valorado en $5.182 millones por la administración anterior de la ciudad con el objetivo de construir un jardín infantil en el sector Juan del Corral. Se descubrió que el espacio adquirido previamente ocupado por una funeraria no cumple con los requisitos mínimos de espacio estipulados por el plan parcial de la zona.

Este caso se suma a las acusaciones de corrupción en los contratos de alimentación del programa Buen Comienzo que afectaron a niños y mujeres embarazadas involucrando una suma superior a los $20 mil millones, y que actualmente implican a una exsecretaria del alcalde Quintero.

La revelación de estas presuntas anomalías llevó a que se presenten denuncias ante la Personería y la Contraloría. Específicamente, se señala que la compra del predio se realizó omitiendo los estándares urbanísticos requeridos, lo que pone en cuestión la legalidad y adecuación del proceso. Manuel Riaño, exdirector de Buen Comienzo, fue mencionado en relación con este nuevo episodio de presunta irregularidad administrativa.

Un predio que costó 20 veces su valor real que favoreció a un privado y la sustitución de un contrato de jardinería

Otro de los casos de corrupción que se destapó fue que un terreno de 146.000 metros cuadrados, previamente valorado en $2.711millones y perteneciente al banco de tierras de la Alcaldía en 2019 experimentó un incremento en su valor del 1.700%, es decir, $48.234 millones en 2020 bajo la administración de Quintero. Este ajuste de valor, que benefició a un privado, desencadenó acusaciones sobre maniobras irregulares en la gestión de bienes municipales.

El punto de inflexión sobre este asunto se produjo cuando, tras el nuevo avalúo, el particular que había cedido originalmente el predio solicitó el pago basándose en el valor actualizado, lo que activó una cadena de eventos incluyendo una audiencia de conciliación ante la Procuraduría.

Pese a la existencia de un concepto negativo inicial respecto a este pago, la Secretaría de Control Territorial terminó aprobando un desembolso considerable, el cual fue posteriormente revocado por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Este caso no solo puso en la mira a la administración de Quintero sino también a IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y a Juan Manuel Villegas, quienes posteriormente recuperaron el terreno en cuestión.

En otro escenario de gestión cuestionable, la alcaldía de Quintero sustituyó al Jardín Botánico por Metroparques para el manejo del contrato de jardinería de la ciudad, otorgándoselo posteriormente a Reforestadora El Líbano, una compañía sin experiencia previa en dichas labores, a pesar de un contrato valorado en $5.250 millones.

Este cambio fue señalado como una decisión que contraviene las normativas y procedimientos establecidos, desatando acusaciones de malversación y gestión inadecuada de los recursos públicos.

Estas situaciones han llevado a denuncias formales ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, implicando a figuras como Carlos Mario Montoya, Alethia Arango y Natalia Jiménez en el primer caso, y a Jorge Enrique Liévano en el segundo.

Software de inglés en la mira de la Contraloría y escándalo por venta subvalorada de vehículos chatarra

La Contraloría señaló irregularidades en contratos llevados a cabo por la anterior administración de Quintero relacionados con un software de inglés para colegios y la venta de vehículos chatarra, dejando entrever posibles acciones legales en contra de los implicados. En el primer caso, se criticó la contratación directa para la provisión de un software educativo, mientras que en el segundo, se cuestionó la venta subvalorada de miles de kilos de chatarra.

En el contexto educativo, la gestión anterior justificó la contratación directa del software de inglés por la supuesta ausencia de oferentes. No obstante, la Contraloría argumentó que sí existían múltiples proveedores capaces de ofrecer el servicio, sugiriendo una violación a la Ley 80 de contratación por no considerar otras propuestas.

Este suceso apunta directamente a Karen Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios, quien ahora enfrenta denuncias ante la Fiscalía y la Contraloría por dirección y celebración indebida de contrato.

En lo que respecta a la venta de vehículos fuera de uso, se acusó a la pasada administración de intentar cerrar un acuerdo para deshacerse de 50 mil vehículos chatarrizados a un precio significativamente menor al valor de mercado. El contrato, inicialmente valorado en 2.038 millones de pesos, contrastaba drásticamente con los 33.280 millones de pesos calculados a partir del precio real del kilo de chatarra en el mercado.

Después de que la Contraloría anulara el contrato ya adjudicado, Carlos Mejía, exsecretario de Movilidad, y la administración ahora enfrentan una demanda por $35 mil millones por parte de Rym SAS, la empresa que había obtenido el contrato y que reclama violación de derechos adquiridos. Por estos hechos, se han presentado denuncias ante la Fiscalía, la Contraloría y la Personería por detrimento fiscal y direccionamiento de contrato.

Otros casos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero

Una serie de supuestos casos de corrupción salpicaron a exfuncionarios de la administración municipal, involucrando desde asignaciones irregulares de contratos hasta la suplantación de ciudadanos en votaciones para priorizar recursos. Entre los afectados se encuentran Jorge Enrique Liévano, exgerente de Metroparques, Alexandra Agudelo, exsecretaria de Educación; además de Juan Guillermo Berrío, exsecretario de Participación Ciudadana; Álvaro Narváez, exsecretario de Cultura; y Maryori Londoño, exdirectora del Inder.

Los supuestos delitos identificados abarcan una variedad que incluye asociación para la comisión de un delito, interés indebido en contrato, peculado por apropiación y falsedad en documento público. Las denuncias, presentadas ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, detallan prácticas como el sobrecosto y el favorecimiento en la entrega de computadores a estudiantes, desviación de recursos a través de la falsificación de votos y manejos irregulares en contratos de mantenimiento y de servicios de salud.

En el caso del Parque de las Aguas, se señala la entrega de contratos a empresas fuera de su ámbito, resultando en sobrecostos y deficiencia de materiales.

Similarmente, el escándalo relacionado con los computadores para estudiantes de Quintero revela sobrecostos millonarios y entregas justificadas como incentivos, una práctica prohibida por las leyes. Por otro lado, la corrupción en el manejo de los recursos del Presupuesto Participativo se evidencia en la creación de códigos informales para favorecer a contratistas específicos, junto con la falta de soportes para compras significativas.

La maniobra irregular con la clínica de SaludCoop, en la cual se firmó un contrato de comodato a pesar de la inhabilidad de la EPS para contratar con el Estado y se vendieron posteriormente las adecuaciones a un privado por la mitad de la inversión inicial, subraya la complejidad y variedad de las operaciones cuestionadas.

Las investigaciones sobre estos casos continúan en curso, buscando esclarecer la responsabilidad de los implicados y recuperar los recursos presuntamente malversados. La atención de la opinión pública y las autoridades se mantiene sobre los avances de estas denuncias, en espera de resultados concretos que permitan sancionar a los responsables y evitar futuras irregularidades en la gestión pública.