Por falta de controles, crece el alquiler ilegal de apartamentos en Medellín, denuncia gremio de hoteleros

Tras los recientes hechos ocurridos en los barrios más exclusivos de Medellín, en los que varios extranjeros han alquilado inmuebles para abusar sexualmente de menores de edad bajo engaños u ofreciendo buenas sumas de dinero, volvió a la escena pública el control sobre los predios que son rentados por estos delincuentes.

Y es que la capital de Antioquia enfrenta un creciente desafío relacionado con el auge de viviendas turísticas informales, cuya transformación de arriendos tradicionales a alquiler por estancias cortas ha generado tensiones en la ciudad.

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De hecho, la Alcaldía de Medellín ya tiene conocimiento sobre al menos 1.700 casas y apartamentos que están siendo ofertadas por aplicaciones digitales, sin que estén autorizadas por los encargados del turismo en la ciudad en el país.

Este fenómeno, marcado por la falta de regulación y control, se ha vuelto particularmente problemático, según la Secretaría de Seguridad de Medellín, que ahora busca implementar medidas para regularizar estas propiedades, en un intento por proteger el entorno residencial y prevenir actividades ilegales, incluida la explotación sexual de menores.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, destacó la importancia de estas iniciativas: “Nuestro objetivo es regularizar las viviendas destinadas al alojamiento turístico, garantizando que se desarrolle con base en la legislación vigente y en las áreas designadas para este fin”.

Pero la ilegalidad de los predios no solo se ha convertido en dolor de cabeza de las autoridades, sino también se han convertido en el competidor directo, y quizá desleal, para las compañías hoteleras y turísticas del país, quienes deben encontrar cualquier estrategia para combatir los bajos precios de las aplicaciones.

Sandra Restrepo, directora de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), fue clara en mencionar los riesgos asociados a la falta de cumplimiento de los requisitos legales por parte de estos hospedajes.

“Tenemos una gran problemática y es que para que se puedan prestar servicio con viviendas, lo único que se está solicitando con las aplicaciones es que tengan el Registro Nacional del Turismo”, señaló Restrepo en diálogo con El Colombiano, enfatizando la facilidad con la que se obtiene este registro por internet sin verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

La situación se agrava en las comunas 11 (Laureles-Estadio) y 14 (El Poblado), donde proliferan estas propiedades, atractivas para un número creciente de turistas extranjeros. La falta de cumplimiento de la ley 2068 de 2020 y el decreto 1836 de 2021, que establecen restricciones sobre la ubicación de estas viviendas turísticas y su operación dentro de propiedades horizontales, ha contribuido al problema.

La informalidad del sector ha llevado a incidentes alarmantes, incluyendo el arresto de ciudadanos de Estados Unidos implicados en crímenes contra menores dentro de apartamentos en La Floresta y Bello, lo que hace que varios sectores exijan celeridad en las acciones por parte de la Alcaldía de Medellín.

Federico Estrada, gerente de La Lonja Propiedad Raíz, reconoció el potencial económico de estos alquileres de corta estancia, pero recalcó la necesidad de una regulación adecuada.

“Es algo que vemos con muy buenos ojos, pero es necesario que si se hace en edificios, la administración del edificio esté preparada para recibir ese uso”, explicó al medio citado, subrayando la importancia de adaptar las propiedades para asegurar tanto su legalidad como la seguridad de los huéspedes.

Además, existe una preocupación creciente respecto a la evasión fiscal asociada con estas operaciones. Algunas propiedades se registran para uso turístico pero no cumplen con sus obligaciones fiscales en Colombia, aprovechando lagunas legales y la falta de una fuerte supervisión.

A medida que el Viceministerio de Turismo indica que el 74,36% de los servicios turísticos registrados son viviendas mayoritariamente promocionadas a través de aplicaciones, es evidente la necesidad de intensificar los esfuerzos para profesionalizar el servicio de viviendas turísticas.

Esto no solo busca asegurar una mayor formalización y beneficios económicos, sino también proteger la integridad y seguridad tanto de los visitantes como de las comunidades residentes.