Jamundí está en el poder de las disidencias de las Farc, le piden al Gobierno acciones urgentes

Tanto la Defensoría del Pueblo como la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtieron la complicada situación de orden público en Jamundí por la presencia del frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco —el autodenominado Estado Mayor Central—, que tendrían bajo control el municipio.

Estarían carnetizando a la población, realizando retenciones, secuestros, homicidios, restricciones a la movilidad, imposición de horarios, retenes ilegales, hurto, extorsión y presuntamente reclutamiento forzado, entre otras acciones violentas en contra de la comunidad de Jamundí, en especial de la zona rural; al tiempo que mantienen negociaciones de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

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La gobernadora Toro hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional y al ministro de Defensa, Iván Márquez, para que no haya ningún territorio de su departamento, y del país, vedado para la institucionalidad, menos cuando se está en un proceso de paz con las disidencias de Iván Mordisco.

Desde Yumbo, la gobernadora Toro advirtió que es fundamental que no haya sitio vedado para la institucionalidad: “Eso lo he venido repitiendo, incluso en el trabajo que estamos haciendo con el Ejército y la Policía, la idea es que la institucionalidad se tome la parte rural de Jamundí; puede estar en manos de los delincuentes”.

También reiteró el llamado al ministro de Defensa para que tome cartas en el asunto, enfatizando en que no puede ser que el frente Jaime Martínez esté afectando a la comunidad al tiempo que se adelanta un proceso de paz con las disidencias de la Farc.“Es muy importante que se aclare ese trabajo que se está haciendo conjunto, porque eso no puede estar pasando”, dijo.

Además, anunció que la institucionalidad debe llegar a la zona rural de Jamundí, no solo con el Ejército y la Policía, sino también con inversión social, “porque eso forma parte de la institucionalidad, además de la sustitución de los cultivos ilegales y, pues por supuesto, las vías, la parte de salud y las escuelas y colegios. En ese tema también vamos a apoyar, pero, por supuesto, no puede haber sitios vedados para la institucionalidad y eso es lo que vamos a hacer”.

“Disidencias de las Farc tienen en jaque a población de Jamundí”: Defensoría del Pueblo

El 1 de marzo, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2024 ante los riesgos que corre la población de Jamundí, por la presencia del frente Jaime Martínez de las disidencias, principalmente en zona rural del municipio, que tienen en riesgo a los habitantes de resguardos indígenas de los resguardos Pueblo Nuevo y Kwes Kiwe Nasa; a las familias campesinas de Villa Colombia, Ampudia, La Liberia, La Meseta, San Antonio, San Vicente y Puente Vélez, y a los habitantes de los corregimientos Timba y Potrerito.

“Estos son solo dos hechos violentos que comprueban la necesidad de que los entes gubernamentales y las fuerzas de seguridad del Estado implementen acciones urgentes, excepcionales y prioritarias para proteger a los ciudadanos del Frente Jaime Martínez, del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc”, advirtió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Según ha podido documentar la Defensoría, se ha registrado un aumento en las violaciones a los derechos humanos por retenciones, secuestros, homicidios, restricciones a la movilidad, imposición de horarios, retenes ilegales, hurto, extorsión, presuntamente reclutamiento forzado, entre otras conductas, con las que el frente Jaime Martínez está tomándose el control del municipio.

Además, alertan desde la Defensoría, se ha documentado la instalación regular de retenes imprevistos sobre diversas vías terciarias, en donde exigen a las personas el carné de las juntas de acción comunal que los acredita como vecinos de la región.

“Tenemos conocimiento de casos en los que, si una persona no porta o no tiene el carné, es retenida por la guerrilla, incluidos adolescentes y mujeres. Adicionalmente, las investigan, les cobran multas o las obligan a realizar trabajos forzados durante algunos días; en caso de no tener el dinero, la retención se puede extender varias semanas, al igual que los trabajos impuestos”, señaló el defensor Camargo.

También hay registros de homicidios y atentados con artefactos explosivos que pueden violar los principios de proporcionalidad y precaución del derecho internacional humanitario, por los efectos indiscriminados y desmedidos que pueden generar en la población civil.

“Además de retomar el control de las vías, hemos pedido a las autoridades que sea reforzada la seguridad en Jamundí, y, como hemos visto en otras regiones, que también haya una labor social. Es importante trabajar de manera coordinada en campañas de prevención del reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes, para que las estrategias y programas sean ejecutados de manera rápida, armónica, a tiempo, a propósito de los riesgos advertidos en nuestra Alerta Temprana”, concluyó el defensor del Pueblo.