Jota Pe Hernández demandó los decretos firmados por el canciller Álvaro Leyva durante su suspensión

Hace poco se conoció que el senador de Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, llevó ante el Consejo de Estado una acusación formal.

En un detallado documento de siete páginas, argumenta la ilegalidad de 25 decretos ratificados por el canciller Álvaro Leyva durante el periodo en que se encontraba suspendido por la Procuraduría.

El expediente entregado al Consejo de Estado por parte del congresista, según informó Blu Radio, detalla que el canciller Álvaro Leyva fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación el 24 de enero, por un periodo de tres meses.

Sin embargo, a pesar de haber sido notificado sobre esta sanción provisional, Leyva continuó desempeñando sus funciones al frente de la cartera de Relaciones Exteriores, durante lo cual firmó 25 decretos y realizó varios nombramientos. La demanda presentada solicita la anulación de estos decretos firmados por Leyva, argumentando su invalidez ya que, en el momento de su firma, el canciller se encontraba suspendido y, por tanto, desprovisto de cualquier competencia legal para tales acciones, conforme a la decisión previa de la Procuraduría.

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La petición del congresista, que forma parte de la Comisión Primera del Senado de la República, es que “se suspenda provisionalmente los actos administrativos o decretos referidos, con la finalidad de preservar el ordenamiento jurídico y minimizar los perjuicios que se le puedan causar con la decisión manifiestamente ilegal, interrumpiendo la producción de sus efectos”.

Esta no es la única posición del senador frente al escándalo de la licitación de los pasaportes. Ya antes, cuando el presidente destituyó al secretario general de la Cancillería, Jota Pe escribió en su cuenta X que “¿Quién puede defender un gobierno que despide a un trabajador por cumplir la ley, mientras posiciona en altos cargos a investigados por corrupción? Es apenas obvio que no les interese atacar bandidos … los bandidos son ellos! #HorribleNoche”.

Y es que en relación con lo ultimo el presidente Petro había dicho en su cuenta de X que: “El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí esta metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse”

Además de Hernández, la senadora María Fernanda Cabal de igual manera reaccionó a dicha separación de cargo y defendió al funcionario José Antonio Salazar diciendo en su cuenta de X que: “El Secretario General de la Cancillería José Antonio Salazar, hizo lo que el mismo Ministro encargado Gilberto Murillo le delegó como consta en esta resolución. ¿Por qué niegan la capacidad que tenía el Secretario? ¿Cuánto nos costará este enredo?”.

Por otro lado, el Consejo de Estado ha tramitado otra demanda, esta vez presentada por el ciudadano Alejandro Acosta, pero en contra del recién asignado embajador Benedetti, según informó Blu Radio. El motivo detrás de esta acción legal es similar al caso precedente: se argumenta que el nombramiento de Benedetti se efectuó en un momento en que el canciller Leyva se encontraba bajo suspensión provisional por parte de la Procuraduría General de la Nación, lo cual pone en cuestionamiento la validez del mismo bajo las normativas legales vigentes.

Entre los actos administrativos cuestionados se encuentra la designación de José de Jong como cónsul general de Colombia en Lima, Perú; la finalización del desempeño de Tatyana Kobzeva en su rol de cónsul honoraria de Colombia en Astaná, Kazajistán; y la asignación de Armando Benedetti en la posición de embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Estas decisiones, tomadas durante el periodo de suspensión del canciller Leyva, son parte central de las demandas que buscan la nulidad de dichos nombramientos por considerarse que fueron realizados fuera de los parámetros legales establecidos.